Por el burocratismo del gobierno del estado de Chiapas, está en riesgo que la entidad se quede sin un reglamento para acceder al aborto legal, con el cual se evitaría que se niegue a las mujeres su derecho a interrumpir un embarazo.
Organizaciones civiles por los derechos femeninos urgieron a la Consejería Legal del gobierno estatal a que envíe ya al Congreso local una iniciativa de ley para reglamentar el aborto no punible en Chiapas, toda vez que mañana culmina el período ordinario de sesiones de la saliente Legislatura.
De aprobarse ese reglamento, las chiapanecas podrán abortar de manera segura y libre si el embarazo pone en riesgo su vida, si fueron violadas o si el producto viene con alguna deformación.
Además se garantizaría que las instituciones sanitarias brinden de manera pronta y expedita la práctica de un aborto en cualquiera de esas tres causales.
Chiapas es una de las 17 entidades federativas que desde 2008 reformaron sus códigos penales para «proteger la vida desde la concepción-fecundación», lo que ha obstaculizado el ejercicio del aborto legal en el estado.
El Colectivo Feminista Mercedes Olivera, el Grupo de Mujeres de San Cristóbal, la Red de Salud Latinoamericana, y el Colectivo contra la Violencia Intrafamiliar, advirtieron del riesgo de que la reglamentación del aborto legal se posponga hasta la gestión del gobernador entrante, Manuel Velasco Coello, lo que significaría un grave retroceso.
Las agrupaciones de mujeres subrayaron que el proyecto de reglamento es fruto del trabajo colectivo entre la sociedad civil y el gobierno del estado desde por lo menos hace dos años. Recordaron que el gobernador saliente, Juan Sabines, se comprometió a que ese documento fuera aprobado en su administración.
Desde el pasado 17 de mayo el proyecto de reglamento cuenta con el visto bueno de las secretarías del Empoderamiento de la Mujer (Sedem) y de Salud (Ss), así como de las organizaciones civiles.
Sin embargo, la Consejería Legal del estado mantiene en la «congeladora» la iniciativa a sólo un día de que concluya el periodo ordinario de sesiones en el Congreso local.
La Consejería es el órgano encargado de afinar las propuestas de ley para después turnarlas al Legislativo estatal. Las activistas advirtieron que la iniciativa de reglamento ya «está bastante afinada», por lo que no se explican el que esté detenida.
DERECHOS VULNERADOS
Las agrupaciones de mujeres trabajaron esta propuesta de ley desde que conocieron el caso de Hilda Álvarez Hernández, una niña indígena tzeltal con Síndrome de Down y retraso mental, que fue violada en 2003 cuando tenía 16 años por Celestino López Hernández.
Pese a cumplir con las tres causales legales de aborto en Chiapas (violación sexual, peligro de muerte para la madre y malformaciones congénitas graves), las instancias de justicia y de salud en el estado le negaron a Hilda la práctica del aborto.
Con denuncia de por medio, ninguna institución apoyó a la joven y ocho meses después tuvo un mal parto y el producto murió. Al año, Hilda volvió a ser violada por Celestino y quedó otra vez embarazada. Por segunda ocasión las instituciones de salud y jurídicas le negaron el aborto.
Hilda vivió una doble victimización al ser violada y al negarle los servicios como víctima, aun cuando estaba en peligro su salud. La joven tuvo una hija que nació con Síndrome de Down. Ambas son cuidadas por su madre, Celia, de 70 años de edad.
Si bien el caso de Hilda es paradigmático, en Chiapas hay mujeres en situaciones similares y que se les niega el derecho al aborto.
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