María Luisa García Andrade, de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, organización civil de Ciudad Juárez que ha denunciado los asesinatos de mujeres, acusó que la organización a la que pertenece enfrenta actualmente una campaña de desprestigio por parte del gobierno estatal.
Entrevistada en el marco de la campaña 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, la activista y hermana de Alejandra Andrade, asesinada en 2001 sin que a la fecha haya un responsable de su asesinato, denunció que todo empezó a partir de la visita de parlamentarios europeos a la entidad para conocer del feminicidio.
En la reunión sostenida entre europarlamentarios y organizaciones civiles con familiares de mujeres desaparecidas y asesinadas, los familiares destacaron, a decir de Andrade, «los abusos de autoridad» que el gobierno de Chihuahua ejerce en contra de estas familias.
Aunque no es novedad este tipo de campañas contra las ONG, la también dirigente de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, María Luisa Andrade, enfatizó que los medios de comunicación de Juárez continúan prestándose a ello mediante inserciones donde señalan la «supuesta decepción de los parlamentarios europeos en su visita a Ciudad Juárez ante la manipulación de datos de las ONG».
Marilú Andrade agregó que recientemente «se pagó una inserción en un noticiero local que invitaba a los juarenses a luchar por Juárez donde decían que las ONG lucraban, difamaban y manchaban la imagen de la ciudad».
Asimismo se hizo un «reportaje especial donde supuestamente entrevistan a algunas familias y mencionaban que el dinero que recibimos de parte de las fundaciones Semillas y Ford me quedo con él, que los abogados no existen, que el apoyo jurídico no llega a las familias, me están acusando que la economía de Ciudad Juárez se va a ver perjudicada por la mala imagen que yo estoy creando».
Y agrega, «en las imágenes que aparecen en diferentes eventos soy yo, dicen mi nombre y todavía el reportero cierra diciendo que soy una mercader del dolor disfrazada de mártir».
La activista enfatizó que los recursos destinados a la organización son transparentes y, en todo caso, si la organización financiadora hubiera detectado irregularidades, «sería la primera en tratar de demandar, si realmente estuviéramos haciendo un mal uso de éste».
García Andrade alertó de la posibilidad de que el gobierno estatal empiece a no registrar los casos de asesinatos contra mujeres que prevalecen en la entidad con las mismas características: violencia sexual y física.
Cuerpos que, aseveró la activista, siguen apareciendo en lotes baldíos pero que no son registrados como feminicidio porque el gobierno insiste en que son casos aislados y donde las mujeres «continúan siendo las responsables de sus propias muertes».
«Queremos que el Estado reconozca que continúa existiendo una mala voluntad para resolver estos crímenes, que hay una mala integración de la investigación por estos asesinatos y al final de cuentas tenemos asesinos reconocidos pero libres en Ciudad Juárez», denuncia.
La activista pidió que se continúe apoyando la lucha de los familiares de las mujeres que desde 1993 han sido asesinadas, que los casos en Ciudad Juárez tengan un seguimiento y que no se consideren un mito.
07/LGL/GG/CV
