El gobierno del estado de Veracruz implementó una estrategia intencional de aislamiento de la familia de la señora Ernestina Ascencio, para impedir que tuvieran acceso a asesoría jurídica independiente y que impugnaran el dictamen de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJE), que señala como natural la muerte de la indígena de Soledad Atzompa, afirma el Observatorio Veracruzano de Derechos Humanos.
Representantes del organismo investigador no gubernamental, que preside Christopher Alexis Servín Rodríguez, sostuvieron que aparentemente la PGJE, a través de la Fiscalía Especializada, pretendía agilizar el cierre del expediente sin agotar todas las líneas de investigación.
Por ello, la ONG reprueba la misteriosa desaparición de la familia Inés Ascencio, luego de que fueron recogidos en sus domicilios sin previo aviso por unidades de seguridad pública estatal, sin permitir antes un diálogo con medios de comunicación o con los organismos civiles con que previamente establecieron un acercamiento.
Estos hechos evitaron que se agotaran las líneas de investigación y que las propias diligencias de investigación no fueran sometidas a una revisión judicial, lo que implica la violación a un derecho humano fundamental de las víctimas y de sus familiares.
Otra de las irregularidades detectadas por el Observatorio Veracruzano es que la misma Procuraduría, en combinación con René Huerta, dirigente de la CROISZ, declaró públicamente que la familia aceptó el dictamen y que rechazó el ejercicio de una acción penal. Sin embargo, la ausencia de la familia en circunstancias por demás sospechosas indica que podría ser falsa la aceptación o mediante presiones y coacciones tuvieron que aceptarla.
En su informe de inconsistencias sobre el caso Ernestina Ascencio, que será presentado en la Asamblea Nacional el 26 y 27 de mayo en la Ciudad de México, el Observatorio Veracruzano de Derechos Humanos expondrá la ausencia total del Estado democrático de Derecho en Veracruz, así como las irregularidades en las investigaciones de la PGJE, dependencia que no cumplió con los estándares internacionales de objetividad e imparcialidad con que deben ser conducidas las investigaciones y actuaciones de los encargados de la procuración de justicia.
Se incurrió en la violación de por lo menos cuatro convenciones y tratados internacionales, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer y la Convención Belem Do Pará.
El Observatorio Veracruzano de Derechos Humanos sostuvo desde el pasado 13 de abril un acercamiento con las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de que el organismo internacional conozca el caso e intervenga en el mismo de forma imparcial.
FAMILIA DE ERNESTINA, DE VACACIONES
Cabe recordar que el 30 de abril, Martha, Carmen, Juana, Julio y Francisco Inés Ascencio fueron trasladados junto con sus hijos y nietos a la ciudad de Xalapa para conocer el dictamen de las investigaciones de la PGJE. Y, sin notificar a sus vecinos, se trasladaron a bordo de un autobús de turismo a Tampico. Posteriormente permanecieron durante algunos días en Ixtapan y finalmente se trasladaron a la Ciudad de México para visitar la basílica de Guadalupe.
De acuerdo a versiones de René Huerta, «representante» de la familia, el viaje fue financiado por la Fundación Cordobesa del Golfo, la cual es presidida precisamente por Vicente Montiel, colaborador personal del gobernador Fidel Herrera Beltrán.
NO RENUNCIÓ EL PROCURADOR
A cuatro días de que se ponga en marcha el programa Veracruz Seguro, trascendió hoy por la mañana la renuncia presentada por Emeterio López Márquez como procurador de Justicia del estado, sin embargo la renuncia fue negada por el gobernador Fidel Herrera, al término de una ceremonia por el Día del maestro, la tarde de este mismo día.
Aceptó que el Procurador viajaría a Guadalajara, como éste lo había ya anunciado, a realizar «comisiones oficiales». Y dijo a la prensa que mientras lo necesitara, lo tendría como procurador.
Cabe destacar que la posición de Emeterio López Márquez ante la opinión pública se complicó, debido a las múltiples contradicciones generadas con el Gobierno Federal y la CNDH en el caso de la indígena Ernestina Ascencio, y la presión que lo obligó a retractarse del informe inicial sobre las causas de la muerte de la señora, situación que dejó mal posesionada a la fiscalía veracruzana y a él mismo como titular.
07/LC/GG
