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Gobierno español rendirá cuentas sobre violencia intrafamiliar

Por la Redacción

Más de dos millones de mujeres españolas han sufrido violencia física, psicológica o ambas a manos de su pareja; el 97 por ciento no lo denuncian y tan sólo en este año han muerto 32 mujeres a causa de la violencia intrafamiliar, denunció Amnistía Internacional (AI).

Ante tal situación, AI recomendó al gobierno español mejorar su historial en lo que respecta a la protección de los derechos de las mujeres, justo cuando el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer examinará este miércoles el quinto informe periódico de España.

En dicho informe, la organización revisará como y en qué medida han cumplido las autoridades españolas sus obligaciones internacionales en los últimos dos años.

AI se sirve de él para presentar al Comité de la ONU diversas recomendaciones que las autoridades españolas deben aplicar para combatir de manera más eficaz la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar.

“El Comité de la ONU ha expresado su preocupación por el aumento de la violencia en el ámbito familiar que parece haberse producido en años anteriores, las autoridades españolas no han hecho lo suficiente respecto a los motivos de preocupación de la ONU”, destaca AI.

“El nuevo gobierno, que comenzó su mandato en marzo de 2004, debe intensificar sus esfuerzos en este sentido”, indica en el comunicado de prensa.

Según un estudio de 2002 del Instituto de la Mujer de España, ese año más de dos millones de mujeres sufrieron violencia a manos de su pareja. Fuentes judiciales indican que entre 2002 y 2003 fueron asesinadas por familiares suyos 131 mujeres, lo que supone un aumento del 59 por ciento en un año.

NULAS ACCIONES

Como ejemplos en los que las autoridades españolas no han realizado acciones eficientes, destacan los de Alicia Aristegui y Mar Herrero, asesinadas por sus parejas el 9 de abril de 2002 y el 13 de octubre de 1999, respectivamente.

“En ambos casos, las autoridades negaron toda responsabilidad por falta de protección a las víctimas. En el de Mar Herrero, en mayo de 2003, el Tribunal Supremo anuló una orden de indemnización a la familia de la víctima”.

Frente a este panorama, AI aseguró que “el gobierno español debe tomar medidas para prevenir tales hechos garantizando que los funcionarios del Estado asuman su responsabilidad en vez de eludirla alegando deficiencias burocráticas. Si no protegen a las víctimas de violencia contra las mujeres se les deben exigir responsabilidades”.

Entre los motivos de preocupación de AI, destacan la falta de investigaciones sobre las necesidades de las víctimas de violencia, mujeres inmigrantes, mujeres objeto de trata, mujeres de zonas rurales y mujeres con discapacidad.

De igual forma, indica que el sistema de justicia acusa de falta de coordinación entre las provincias autónomas y el gobierno central, y la falta de medios para la aplicación de medidas con qué combatir la violencia contra la población femenina en el ámbito familiar, así como la desigual distribución entre las regiones de los medios disponibles y falta de transparencia en su uso, entre otras.

AI recuerda en su comunicado que al llegar al poder, el nuevo gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), propuso un proyecto de ley sobre violencia contra las mujeres que abarca políticas de prevención, apoyo a las víctimas, investigación y sanción de la violencia.

Y exhorta el gobierno español a “eliminar toda laguna jurídica que pueda menoscabar la eficacia de la legislación propuesta.”

España ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1984.

2004/BJ/GVSM

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