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Gobierno federal viola DH de viudas y familiares de Pasta de Conchos

Por Guadalupe Cruz Jaimes

Hoy en Ginebra, Suiza, relatoras y relatores Especiales de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se reunieron con representantes de la organización Familia Pasta de Conchos, quienes expusieron las omisiones y acciones del Gobierno mexicano violatorias de los derechos humanos de viudas y familiares de los 65 mineros fallecidos en el siniestro del 19 de febrero de 2006, de los cuales 63 permanecen sepultados en el yacimiento.

Así lo informó a Cimacnoticias Manuel Fuentes Muñiz, representante legal de la organización Familia Pasta de Conchos, quien agregó que Elvira Martínez, viuda del minero Jorge Vladimir Muñoz, y la defensora de derechos humanos Cristina Auerbach, integrante de la organización Equipo Nacional Pastoral Laboral, presentaron ante dicho organismo internacional las pruebas de que al menos cinco dependencias del Gobierno federal violaron las garantías individuales de las familias, que durante más de 2 años y 7 meses han exigido el rescate de los restos de los mineros.

POSIBLE RECOMENDACIÓN

Después de la reunión con las y los relatores de Salud, Debido Proceso, Derechos Humanos y Derechos Humanos de las Mujeres, pactada el pasado 18 de abril, se espera que a través de una recomendación “finalmente el Gobierno mexicano atienda la petición de mejorar las condiciones laborales de los mineros, quienes siguen recibiendo bajos salarios y malos tratos”, denunció.

Asimismo, dicha recomendación señalaría las “graves” violaciones a los derechos humanos cometidas principalmente en contra de las viudas, pues son un grupo mayoritaria, mencionó Manuel Fuentes.

Los temas que trataron las representantes de Familia Pasta de Conchos, integrada por viudas y familiares de los mineros caídos y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) son: “la negativa de reconocerles el interés jurídico a las viudas para solicitar información sobre el caso, de la cancelación de la concesión de la mina”, refirió Fuentes Muñiz.

Asimismo, manifestó que la postura del Gobierno mexicano, caracterizada por la “cerrazón”, también incluye “las acciones u omisiones por parte de funcionarios públicos que se resisten a responsabilizar a Industrial Minera México (IMM) de la muerte de 65 mineros, cuando se sabe que la mina no cumplía con las normas de seguridad e higiene”, dijo el especialista en justicia laboral.

PUERTAS CERRADAS

La posición del Gobierno estatal y del federal ha sido de “cerrar todas las puertas” reiteró Fuentes Muñiz.

La Procuraduría General de la República (PGR), explicó el abogado, desconoció en febrero pasado el interés jurídico de las viudas, “dado que se trataba de una investigación sobre funcionarios públicos, determinó archivar el expediente y no darles el interés jurídico”.

Este asunto, puntualizó, se ha sumado a la negativa de la Secretaría de Economía (SE) sobre la cancelación de la concesión de IMM, sobre el yacimiento Pasta de Conchos, ubicada en San Juan Sabinas, Coahuila.

En tanto, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como la Secretaría de Gobernación se negaron a realizar el rescate de los restos de los 63 mineros, cuando la solicitud era una visita ocular con expertos para considerar la viabilidad del rescate y se revirtieran las condiciones de riesgo en la mina.

De igual forma, el abogado laboral refirió que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ocultó información a las viudas sobre el cálculo de las pensiones de viudez, orfandad y ascendencia, ya que después de que obtuvo 51 sentencias favorables ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), perdió los juicios de amparos interpuestos por las empresas involucradas en contra de la Junta.

Con ello, las viudas y familias, en lugar de recibir 300 pesos de pensión, reciben menos de la mitad, es decir, un promedio de 125 pesos diarios, aunque la cantidad más constante es de 110 pesos, y sólo hay una de 226 pesos, denunció anteriormente Familia Pasta de Conchos.

Por último, Manuel Fuentes refirió que la Secretaría de la Función Pública (SFP) se ha negado a intervenir en el caso, derivado del siniestro de 2006.

08/GCJ/GG

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