Campesinos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota, en el estado de Guerrero al sur de México, denuncian que el gobierno ha iniciado sigilosamente la construcción de dos carreteras que forman parte de la presa, a pesar de que la misma no ha sido aceptada por la mayor parte de los campesinos que serían afectados y de que existe una resolución judicial que impide a las autoridades invadir los territorios ejidales y comunales para efectuar obras y acciones relacionadas con la presa.
Los campesinos han optado por acudir a los mecanismos legales para hacer valer sus derechos, sin embargo, dicen, «una vez más son las autoridades estatales y federales quienes, violentando el Estado de derecho, apuestan al engaño y confrontación de los campesinos».
El día de ayer, denuncia la organización a través del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan AC, aproximadamente a las once horas, arribaron al núcleo agrario de Dos Arroyos un grupo de personas que se presentaron como integrantes del Comité de Gestión de la carretera que conduce de la Autopista del Sol ?carretera federal que comunica a la ciudad de México con el puerto de Acapulco– al poblado de Agua de Perro.
Según dijeron estas personas, se trata de una carretera que conducirá a las comunidades guerrerenses de Dos Arroyos a Los Huajes (Colonia Guerrero), Alto del Camarón, Agua de Perro y La Venta.
Afirmaron que acudían para dialogar con los dueños de los terrenos que se afectarían y que la obra era del gobierno del estado y no tenía relación alguna con la presa La Parota.
«Igual situación ha sucedido con la carretera que comunica de Tunzingo al poblado de San Isidro Gallinero y que pasa por el núcleo agrario de Cacahuatepec. Se ha manifestado no ser una obra del organismo federal Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino del gobierno de Guerrero y que busca el desarrollo de las comunidades locales que supuestamente serían beneficiadas».
Sin embargo, de acuerdo al proyecto original de la presa hidroeléctrica La Parota, explican los opositores a la hidroeléctrica, las dos carreteras son vías de comunicación que forman parte de la presa.
Documentos oficiales de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada de la CFE así lo establecen y, sin embargo, tanto el gobierno federal como estatal, a través de mentiras, pretenden efectuar obras relacionadas a la hidroeléctrica.
Estas acciones contravienen las decisiones judiciales logradas por los campesinos: El Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Acapulco, Guerrero, el día 12 de septiembre del 2006, resolvió los expedientes de amparo número 637/2006, 638/2006 y 821/2006 a favor de los campesinos opositores ordenando al Tribunal Unitario Agrario que emitiera las medidas de protección suficientes y necesarias que garantizaran el resguardo de las tierras ejidales de Dos Arroyos, Los Huajes y la Palma, evitando la ejecución de obras y acciones relacionadas con el proyecto hidroeléctrico La Parota.
Estas resoluciones de amparo fueron cabalmente implementadas el 10 de octubre del 2006, por el Tribunal Unitario Agrario de Acapulco, mediante los acuerdos respectivos en los expedientes 72/2006, 73/2006 y 74/2006, notificando legalmente a la Comisión Federal de Electricidad que se abstuviera de ingresar a los territorios ejidales de Dos Arroyos, Los Huajes y La Palma.
Igual situación aconteció con el núcleo comunal de Cacahuatepec, pues el 17 de octubre del presente año el Tribunal Unitario Agrario otorgó a favor de los opositores del CECOP las medidas cautelares correspondientes, ordenando a la CFE que se abstenga en lo absoluto de ingresar a los bienes comunales.
A pesar de las resoluciones, expresan los inconformes, los gobiernos federal y estatal se empeñan en violar la ley para imponer a toda costa el proyecto La Parota. «Es sumamente criticable la actitud asumida por el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, en relación con la hidroeléctrica, pues lejos de generar diálogo se ha convertido en parte del conflicto al impulsar incluso hasta violando el estado de derecho este tipo de obras».
Ni el gobierno federal, ni estatal cuentan con los convenios de ocupación previa que exige la Ley Agraria, para la realización de este tipo de obras relacionadas con la presa La Parota, pese a ello en una franca violación a la leyes han iniciado con los trabajos de apertura de caminos de la presa sin estar autorizados legalmente, dicen.
«Esta actitud de franco desacato a las resoluciones judiciales y de violación a la ley, incita a la violencia como único mecanismo de solución de los conflictos. Es sumamente criticable que quienes tienen como encargo constitucional preservar el Estado de derecho, sean los primeros en violarlo, bajo la misión última de imponer a toda costa el proyecto hidroeléctrico La Parota», concluye el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota.
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