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Gobierno permitió maíz transgénico en Chihuahua

Por Redaccion

Organizaciones campesinas, ambientales y derechos humanos, entre ellas el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el Frente Democrático Campesino, Greenpeace y El Barzón, denunciaron al Gobierno mexicano ante la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAAN) por permitir la contaminación transgénica, al autorizar el ingreso y siembra ilegal de maíz transgénico en el Valle de Cuauhtémoc, Chihuahua.

También, por violar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), el Código Penal Federal (CPF), así como el Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología (PC), señala un comunicado de Greenpeace.

La CCAANN fue creada en virtud del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN) para tratar las preocupaciones ambientales en América del Norte desde una perspectiva subcontinental, en particular las generadas en el contexto de la liberalización del comercio. Su Consejo, órgano rector, está compuesto por los ministros de medio ambiente de Canadá, Estados Unidos y México.

Las organizaciones acudieron ante la CCAAN debido a que han agotado todas las instancias en territorio mexicano para exponer y denunciar el caso de contaminación transgénica en Chihuahua, y por ello le solicitaron que se integre un expediente de hechos ante la falta de aplicación efectiva de la legislación ambiental mexicana y dada la existencia de un patrón sistemático de siembras ilegales de semillas de maíz transgénico en Chihuahua, sin que las autoridades federales las detengan o sancionen.

Además, denunciaron el tráfico ilegal de semillas y granos de maíz transgénico que ingresan al país sin control por parte de las aduanas de México.

También, denunciaron el incumplimiento de disposiciones sobre la regulación de «las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de Organismos Genéticamente Modificados (OGM o transgénicos)», con el fin de prevenir, evitar o reducir los riesgos que estas actividades pudieran causar a la salud humana, al ambiente y a la diversidad biológica, derivado de un caso de flujo génico de maíz transgénico hacia variedades de maíz nativas e híbridas, en distintas regiones de Chihuahua.

15 MESES SIN RESPUESTA

«Hay un fuerte retraso en la aplicación de la ley ambiental por parte del Gobierno mexicano, denunció Aleira Lara, coordinadora de la Campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace. Van más de 15 meses desde que se tramitó la primera denuncia de hechos por el riesgo de contaminación transgénica en Chihuahua y no se han tomado las medidas necesarias para evitar que esta contaminación se esparza.

Además, señala la activista, prevalece una gran falta de información y transparencia por parte de las autoridades mexicanas. Esto demuestra la incapacidad de México para enfrentar los riesgos e incertidumbres que implica la presencia de maíz transgénico en un centro de origen y diversidad genética como es nuestro país.

«La omisión en la vigilancia y el incumplimiento de las leyes e investigación de las presuntas violaciones a la ley ambiental por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la PGR constatan la descoordinación entre los responsables de la bioseguridad en México y su incapacidad para hacer muestreos adecuados, dijo Víctor Quintana, dirigente del Frente Democrático Campesino.

Agregó que a la fecha no han integrado satisfactoriamente las averiguaciones previas ni la denuncia popular presentadas por la contaminación del maíz en nuestro estado».

«No han fincado responsabilidades, mucho menos aplicado sanciones o multas, tampoco han detenido a los probables responsables y no tenemos información de que las autoridades federales y locales hayan ordenado medidas de emergencia ni planes para revertir los casos de contaminación provocada por maíces transgénicos de la corporación Monsanto en la región, señaló el activista Gabino Gómez Escárcega, de El Barzón Chihuahua.

Desconocemos qué tan extendida está la contaminación y esto pone en riesgo las variedades locales de maíz, sean híbridos o convencionales», denunció Gómez Escárcega.

A MÁS DE UN AÑO DE LA DENUNCIA

Desde septiembre del 2007, las organizaciones presentaron una denuncia ante la Sagarpa en Chihuahua, debido a que representantes Agrodinámica Nacional y de la Unión de Productores (Unipro) hicieron pública la siembra de maíz transgénico en el municipio de Benito Juárez, en Cuauhtémoc, Namiquipa, Buenaventura y Ascensión, a pesar de que hasta el momento sigue siendo ilegal sembrar transgénicos en nuestro país.

En esas fechas se exigió a la Sagarpa que investigara y determinara qué tipo de semilla se había sembrado y que se informara públicamente. De resultar transgénica la semilla a analizar, se solicitó que también se determinara el grado de contaminación por el polen en predios aledaños, que se procediera a destruir toda la semilla contaminada, y se aplicara la ley a los responsables.

El día 3 de octubre del 2007, Greenpeace México presentó una denuncia de hechos ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE) dependiente de la PGR en contra de quien resulte responsable por el cultivo ilegal de maíz transgénico en Chihuahua y por posibles delitos contra el ambiente.

Dichos delitos están previstos en el Artículo 420 Ter. del CPF, que a la letra dice: «a quien introduzca al país, (…) comercie, transporte, almacene o libere al ambiente algún OGM que altere o pueda alterar negativamente los componentes, la estructura o el funcionamiento de los ecosistemas naturales, en contravención a la normatividad aplicable (en este caso, la LBOGM) se impondrá una pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días de multa», lo cual ha sucedido en Chihuahua, dice el comunicado.

EVIDENCIAS

En septiembre de 2008, la Senasica detectó y confirmó científicamente la presencia de maíz genéticamente modificado en 70 hectáreas en el Valle de Cuauhtémoc, Chihuahua, luego de levantar 180 muestras.

Eso motivó la presentación de otras denuncias de hechos ante la PGR en contra de quien resultase responsable, por la posible importación, distribución y liberación con fines agrícolas y/o siembra ilegal de variedades de maíz transgénico con la anuencia de las autoridades estatales y en perjuicio de los productores locales, pues los hechos que contravienen disposiciones de la LGEEPA, LBOGM y del CPF, por atentar contra el ambiente, la bioseguridad, la gestión ambiental en la entidad federativa.

El 23 de noviembre de 2008, las organizaciones tuvieron conocimiento «formal» de una investigación realizada por el Instituto Nacional de Ecología y la Profepa, que confirmaba la presencia de contaminación con maíz transgénico en sembradíos de Chihuahua, sin que los denunciantes, señala el comunicado de Greenpeace, conozcan los resultados de tales monitoreos.

Las organizaciones denunciantes ante la CCAAN exigieron al Gobierno mexicano responder ante los llamados urgentes a atender el caso de contaminación transgénica en Chihuahua, dejar en claro en el grado de contaminación por el polen en predios aledaños, demandaron que se destruya toda la semilla contaminada, y que se aplique la ley a los responsables.

Según datos revelados por la Semarnat, a través del Instituto Nacional de Ecología (INE) y Conabio, en su documento «Identificación y Producción de Centros de Origen de Maíz» (diciembre de 2004) Chihuahua es una entidad clasificada como una región de alta a muy alta diversidad y se ha documentado, por lo menos, la presencia de 23 razas de maíz criollo y dos de teosintle, pariente silvestre del maíz.

09/GG

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