En los estados de la región centro de México los gobiernos panistas, la iglesia y grupos conservadores impiden el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población.
Así lo manifestó la presidenta de la Coordinación Nacional de Milenio Feminista, María Arcelia González Butrón, quien añadió que la población de la región centro -que abarca ocho de los 32 entidades federativas- vive además de la opresión sexual, pobreza, analfabetismo, desempleo, falta de información y educación.
Estos son algunos resultados del diagnóstico efectuado en el marco del proyecto Promoción del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva en la Región Centro de México, explicó la especialista.
Informó que en los estados de Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas se entrevistaron a mujeres de entre 22 y 60 años de edad de zonas urbanas y rurales, todas con vida sexual activa, y madres de uno a siete hijos.
Cabe señalar que a través de este proyecto -que contó con el apoyo de la Fundación John D. and Catherine T. Mac Arthur-, se logró un impacto directo en mil 337 e indirectamente en otras 11 mil 140, mientras que las actividades masivas alcanzaron en promedio 307 mil 600 mujeres, quienes adquirieron mayor consciencia de sus derechos sexuales y reproductivos.
El análisis mostró que solamente 17 por ciento de las encuestadas tiene acceso a servicios médicos, y que en estos tres años 24 por ciento no usó preservativos, 26 se realizó la prueba del papanicolaou y 27 por ciento reportó padecimientos como infecciones vaginales.
Las entrevistadas revelaron la escasa información que tienen las mujeres acerca de las Enfermedades de Transmisión Sexual y el VIH, así como la falta comunicación entre pareja y la prevalencia de prejuicio respecto al uso del condón para prevenir estas enfermedades.
El diagnóstico indica que el Programa Nacional de Salud Reproductiva no cumplió con su propósito, pues sólo se centró en la planificación familiar y no en atender la salud integral de las personas.
La especialista explicó que es necesario que dicho programa promueva y garantice el derecho de las personas a la salud sexual como un derecho básico y que el Estado a través de sus instituciones educativas y de salud, promuevan el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. Igualmente, destacó la necesidad de una mayor participación de la sociedad civil con el gobierno.
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