En América Latina, cada año se practican 3 millones 800 mil abortos en condiciones de riesgo. Más de 5 mil mujeres mueren al año por complicaciones relacionadas con abortos inseguros, cifra que corresponde al 21 por ciento de las muertes maternas a nivel mundial, según información de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF, por sus siglas en inglés).
Así, en la región durante varias décadas el movimiento feminista y numerosas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) realizan diversas acciones para demostrar y hacer visibles las consecuencias del aborto en la salud de las mujeres, para que los Estados, a decir de éstas, tomen conciencia de que la penalización de ese hecho, no disminuye la práctica.
Al respecto, Marta Lamas señala que en América Latina el aborto es un problema de justicia social, ya que las mujeres con recursos económicos abortan sin peligro en los consultorios de sus ginecólogos, mientras las demás arriesgan su salud y sus vidas.
«No obstante la gravedad de la situación, la decisión de despenalizar esta práctica continúa atorada, soterrada o negada, por gobiernos supuestamente democráticos», sostiene la antropóloga y feminista, en un artículo publicado en la revista Nexos, número 349.
Afirma que pese a contar con el apoyo de un amplio sector de la ciudadanía, la alianza del fundamentalismo eclesiástico con el conservadurismo norteamericano obstaculizan un tratamiento jurídicamente adecuado al problema.
BATALLA INTERNACIONAL
El movimiento feminista emprendió la batalla para que todas las mujeres puedan decidir si son o no madres. En los años noventa, indica Lamas, las conferencias de Población y Desarrollo (El Cairo 1994) y de la Mujer (Beijing 1995) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) representaron un escenario decisivo en la lucha por la definición de la mujer:»¿madre o ciudadana?, ¿receptáculo de una nueva vida o sujeta de derechos?».
En América Latina el episodio tuvo una dimensión cardinal, pues el Vaticano operó a través de varios representantes oficiales de los países latinoamericanos, muchos de ellos integrantes del Opus Dei.
La Santa Sede acudió a las Conferencias, con delegaciones de obispos, curas y profesionistas, con la firme intención de imponer su agenda teológica en asuntos de población, sexualidad y reproducción.
Pese a todos los esfuerzos del Vaticano, en el orden internacional se han hecho algunos avances. Así, en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo 1994, párrafo 8.25), el aborto inseguro es reconocido como un grave problema de salud pública
En 1995, la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing) reafirmó el contenido de El Cairo y agregó la recomendación que los países revisaran las leyes que penalizan a las mujeres cuando se someten a abortos ilegales (párrafo 106 K).
Tres años más tarde, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1998) reconoció que la morbimortalidad materna se vincula con el aborto realizado en condiciones inseguras.
Posteriormente, en el texto aprobado en el proceso de revisión del Cairo +5 (1999), se recomienda el entrenamiento de profesionales para atender a las mujeres en los casos en que el aborto sea legal, ese mismo año los países integrantes de la CEPAL se comprometieron a formular programas específicos para la salud de las mujeres, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos y de acuerdo con los documentos adoptados de Cairo y Beijing.
En tanto que en el documento final de Beijing +5 (2000), se incorpora el texto del párrafo 106 K de la Plataforma de Acción de Beijing, en el que se señala la necesidad de revisar las leyes que penalizan la práctica del aborto inseguro y se recomienda que los gobiernos implementen la indicación acordada en Cairo +5 sobre el entrenamiento de profesionales y el equipamiento adecuado de servicios.
Marta Lamas refiere que en la actualidad hay una cantidad de iniciativas y acciones que los grupos feministas impulsan en sus diferentes países.
Además existe una Coordinación regional de la «Campaña 28 de septiembre por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe», que se impulsa en 21 naciones y que trabaja bajo los lemas: «Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir» y «Las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza, y la iglesia no interviene».
Una de sus principales tareas, afirma Lamas, es la reconceptualización discursiva del aborto como un derecho humano de las mujeres.
08/GT/GG/CV
