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Gómez Mont debe comparecer y explicar negativa a Alerta de Género

Por Gladis Torres Ruiz

Ante la negativa de la Secretaría de Gobernación (Segob) de implementar la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado en el estado de Guanajuato, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitará que el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, acuda al Congreso de la Unión a comparecer y explicar por qué se negó a iniciar una investigación sobre una denuncia de violación a los derechos humanos de las mujeres.

Lo anterior lo informó la diputada presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Maricela Contreras Julián, quien señaló que en la próxima sesión de la Tercera Comisión Permanente presentará un punto de acuerdo en el que solicitará la comparecencia de Gómez Mont.

En su opinión, es “necesaria y urgente (la comparecencia), pues no sólo la inseguridad que ocasiona el narcotráfico merece atención, las mujeres de este país estamos sufriendo violencia institucional y todo mundo debe asumir su responsabilidad”.

El pasado 20 de julio, con 26 votos en contra y 5 a favor, el Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, presidido por la Segob, resolvió la improcedencia de la solicitud de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado en el estado de Guanajuato, promovida por 45 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

La solicitud de Alerta, responde a la modificación del Artículo 1º de la Constitución de Guanajuato, aprobada en el Congreso local por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por una legisladora del Partido del Trabajo (PT) el pasado 8 de mayo.

Con ello se estableció que “persona es todo ser desde el momento de la concepción (sic)”, con lo cual se criminaliza la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), aún en casos de violación a niñas, bajo el argumento de proteger la vida desde la concepción.

Debe comparecer Gómez Mont, insistió Maricela Contreras, para que explique por qué se negó a iniciar una investigación sobre una denuncia de violación a los derechos de las mujeres en el estado de Guanajuato, pues es un actitud de cerrazón que debilita los instrumentos de defensa que tenemos las mujeres de este país cuando nos sentimos agraviadas.

“Se decidió no aceptar ni siquiera el inicio de la investigación, desechando la solicitud argumentando que el conflicto con las Leyes que determinan que hay vida a partir de la concepción es competencia única y exclusivamente de los Estados.”

“Es la primera solicitud de declaratoria de alerta de género que se presenta y la primera que se desecha, sin que se inicie la investigación”, subrayó Contreras Julián.

Además agregó que con esta negativa se está mermando la eficacia de este tipo de instrumentos de defensa con los que cuentan las mujeres; “se le resta credibilidad y desalienta a que se presenten en un fututo otras solicitudes de declaratoria de alerta, toda vez que no da confianza la imparcialidad en el manejo de este tipo de instrumentos”.

Por ello, la legisladora perredista exigió atención a las denuncias de violación a los derechos de las mujeres y no escudarse en cuestiones de competencia, ya que es “minimizar” los problemas que enfrentan miles de mujeres en nuestro México y la violencia que proviene también de las propias autoridades.

A decir de Contreras Julián, esta actitud coloca al Sistema como un órgano que desecha las peticiones legítimas para que se declare una alerta de violencia de género; además de que violan las garantías que debe llevar cualquier tipo de proceso, como lo es la garantía de audiencia.

Como autoridad, explica la legisladora, no están respetando el derecho de las OSC promoventes a expresar sus argumentos, lo que debe darse en la fase de investigación de los hechos que sustentan la petición.

Para la legisladora del Sol Azteca por el sólo hecho de que exista la denuncia de que hay una violencia de género el Sistema debería iniciar la investigación en cumplimiento de su papel como la máxima autoridad para la atención y prevención de este tema en el país.

Consideró que el Sistema “adoptó una decisión autoritaria, unilateral y que minimiza cualquier denuncia de violación sistemática a los derechos de las mujeres. Están eludiendo su responsabilidad legal y pretenden minimizar su autoridad en materia de violencia de género en este país”.

AGRAVIO COMPARADO

El 6 de mayo de 2008, OSC de Guanajuato solicitaron al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a través de su Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) que, en virtud de que en Guanajuato existe una restricción, en comparación con el Distrito Federal, para el tratamiento del aborto, se solicita la reforma del Código Penal de Guanajuato en el capítulo de aborto para homologarlo con el correlativo del Código Penal del Distrito Federal en donde se reconoce el derecho de las mujeres a la ILE en las primeras 12 semanas de gestación.

Todo ello, con fundamento en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Reglamento de la misma, pues en Guanajuato dicha norma no ha sido armonizada.

Piden también que cese la negativa y posterior investigación, persecución y encarcelamiento de las mujeres que solicitan o se realizan un aborto en Guanajuato, pues son consideradas delincuentes y no ciudadanas con derechos.

Indican las OSC que las recientes publicaciones de las organizaciones Human Rights Watch y Las Libres documentaron que en el estado de Guanajuato, del año 2000 a la fecha, más de 130 mujeres han sido procesadas por aborto.

Por tanto, solicitaron que se declare la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado contra las mujeres en el estado de Guanajuato, por la vigencia de un cuerpo normativo que transgrede los derechos humanos de las mujeres, en comparación con la normatividad vigente en el DF.

09/GTR/GG

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