Las políticas de ajuste estructural neoliberal han provocado graves daños a las economías nacionales. La dictadura del libre mercado impide el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas locales, precariza el empleo y deteriora los salarios, mientras que la privatización de los servicios públicos incrementa las tarifas, acelera la presencia de compañías extranjeras y, en general, aumenta la pobreza e iniquidad entre la población.
Así lo afirmaron los estadounidenses Steve Hellinger y Angela Wood del Grupo de Políticas Alternativas para el Desarrollo, al abordar el tema «Movilización de recursos nacionales» durante los trabajos de la Mesa 1 «¿Cómo pueden los gobiernos movilizar recursos nacionales para financiar el desarrollo humano y sustentable, y cuáles son los mecanismos más adecuados para lograrlo?».
Angela Wood advirtió que las políticas de ajuste estructural «nada tienen que ver» con el apoyo de los sujetos locales, por el contrario, lo que fomentan es la ampliación de la mano de obra barata en beneficio de las grandes compañías nacionales y extranjeras.
Mientras, Steve Hellinger enfatizó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) «deben retirarse» y dejar de imponer desde el exterior sus políticas económicas.
Destacó la importancia de las protestas populares para disuadir a los gobiernos y las multilaterales de crédito en su intento por implementar medidas contrarias al bienestar de los pueblos.
No obstante, dijo: «ésa no es la única medida posible», ya que es necesario establecer alianzas regionales e internacionales de sindicatos y todo tipo de instancias civiles para resistir, criticar pero, sobre todo, proponer y dialogar con Naciones Unidas y los gobiernos.
Wood llamó a la sociedad civil a organizarse para tener poder e impedir las medidas de ajuste estructural. «Ya se ha demostrado que el BM y el FMI no son tan poderosos. En Cochabamba, Bolivia, los indígenas organizados impidieron la privatización del servicio de agua potable, la cual era una exigencia de las multilaterales al gobierno de La Paz».
Entre sus propuestas para revertir las medidas neoliberales y disminuir la pobreza y la desigualdad económica, ambos especialistas coincidieron en que los gobiernos deben generar economías saludables y crecientes que produzcan buenos empleos con salarios dignos, y mejoren los derechos y el poder adquisitivo de los y las trabajadoras.
Asimismo, esas economías deben apoyar la agricultura de pequeña escala y la seguridad alimentaria tomando en cuenta el medio ambiente, y asegurar que los servicios básicos sean accesibles a la población entera.
LA POBREZA, EMANADA DEL MODELO ECONÓMICO
En otra mesa de discusión, Juan Carlos Pérez Castro, organizador del Foro Global aseguró ayer que en México la situación habría sido más o menos la misma de haber ganado otra vez el Partido Revolucionario Institucional (PRI), debido a que el problema de la pobreza proviene del modelo económico, no del gobernante.
Ese modelo, aseguró, está regido desde fuera, por las empresas transnacionales, quienes están apoyadas por empresas multilaterales, cuyos mutuos intereses económicos requieren del empobrecimiento y la ignorancia de la sociedad para prosperar.
Los indicadores utilizados para distribuir el presupuesto de las naciones toman como el ingreso per cápita, el cual es un promedio dado entre la extrema pobreza y la extrema riqueza.
Lo más positivo, dijo, es el que la ONU ha implementado un nuevo indicador para medir la pobreza, a la cual ha llamado, «índice de desarrollo humano», que está basado en el acceso a la educación y a los servicios de salud, a la situación de trabajo y desempleo de cada región, y hace también una distinción de género, puesto que se ha demostrado que éste también es un factor condicionante de la calidad de vida.
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