Ante los vejámenes y humillaciones que padecen en la cárcel seis mujeres activistas salvadoreñas, que fueron acusadas de terrorismo por protestar pacíficamente contra la privatización del agua en Cuscatlán, diputadas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (PMLN) ante la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano exigen en un comunicado respeto a sus derechos humanos y su liberación.
Paralelamente, Amnistía Internacional (AI) expresó en un comunicado público del 13 de julio de 2007 «su profunda preocupación ante el uso de legislación antiterrorista» en contra de las mujeres y de los otros manifestantes y dirigentes de organizaciones sociales, trece en total, que están en contra de la privatización del agua y otros servicios públicos.
Las protestas en Suchitoto ocurridas el pasado 2 de julio se originaron ante el inminente anuncio por parte del presidente Elías Antonio Saca de una política nacional de descentralización (privatización), que incluye los servicios de agua y otros. Las y los manifestantes fueron reprimidos por la policía con balas de goma y gases lacrimógenos.
Y según informes, alrededor de 30 manifestantes fueron detenidos, incluidas las seis mujeres y cuatro miembros de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES) mientras se dirigían hacia el lugar de la manifestación. De esas personas algunas están siendo procesadas judicialmente.
Sandra Isabel Guatemala, Marta Lorena Araujo Martínez, Rosa María Centeno Valle, Maria Haydee Chicas, Marta Yanira Méndez y Beatriz Eugenia Nuila González fueron capturadas ese día por la Policía Nacional Civil «con lujo de violencia y barbarie» y encarceladas.
Siete manifestantes también fueron detenidos y enviados al Centro Penal la Esperanza.
Las mujeres, «quienes son destacadas dirigentes sociales, funcionarias municipales y estudiantes universitarias, han sido arbitrariamente acusadas de terrorismo y recluidas en la Cárcel de Mujeres de Ilopango para instruirles causa judicial por el delito de terrorismo», informan las legisladoras del FMLN.
Posteriormente, varias de las personas detenidas informaron haber sido objeto de malos tratos físicos y sicológicos durante la detención y traslado a cuarteles policiales.
MANFIESTACIÓN LEGÍTIMA
Dice Amnistía Internacional que, «según las normas internacionales de derechos humanos, ésta era una manifestación legítima», por lo cual le preocupa la aplicación de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo» a las y los acusados. También le preocupa la situación actual de las y los trece detenidos ya que estarían recluidos junto a presos ya condenados – muchos de ellos por crímenes violentos.
La reacción de las autoridades, dice AI, «parece reflejar un uso indebido y desproporcionado de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, aprobada en septiembre de 2006 por la Asamblea Legislativa».
Y, en este contexto, AI «teme que las detenciones hayan sido impuestas para sancionar a las personas por haber participado en actos de protesta legítimos y para inhibir futuros actos similares».
Las parlamentarias exigen por su parte al gobierno del presidente Elías Seca reconozca la condición de presas políticas a las liderezas sociales, recluidas en la Cárcel de Mujeres de Ilopango, así como garantías para su seguridad e integridad personal, de acuerdo con información de Altercom.
Denuncian, asimismo la «deplorable situación a que están sometidas las 700 reclusas de Cárcel de Mujeres» y piden a la comunidad internacional que denuncie esta situación y exija al gobierno de El Salvador la liberación de las presas, así como de los demás presos políticos, «y el cese de la represión en contra del pueblo».
VISITA A LA CÁRCEL
Una delegación de diputadas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) visitó el martes 10 de julio a las presas en el penal de mujeres y «hemos comprobado con horror los vejámenes y humillaciones a que está sometida la población reclusa y en particular las presas políticas».
«Desde que llegaron al penal, informan las legisladoras, han sido hostigadas por los custodios, se negaron a quitarles las esposas para que almorzaran; por el contrario las sometieron a presión psicológica por su participación en las protestas y amenazaron a Lorena Araujo con llevarla al calabozo de castigo».
Las mujeres están ubicadas en celdas, las cuales cuentan con un promedio entre 80 y 90 internas. Duermen en el suelo, no tienen colchonetas ni camas, ni sábanas para dormir.
Denuncian las legisladoras que en el penal no permiten llevarles artículos como pasta y cepillo dentales, jabón, champú y otros. Sólo pueden comprarlos en la tienda del penal que es propiedad de centros penales. El agua para bañarse, para beber y para lavar deben comprarla también en botellas o garrafas pequeñas que valen entre $0.10 y $0.20 colones cada una (un dólar estadounidense equivale a $8.75 colones).
Las condiciones de salud de las internas es también preocupante, dicen las legisladoras. «El lunes 10, fueron examinadas por una pediatra, que les hizo una revisión general sin atender a los casos de salud que cada compañera planteó».
Yanira padece de estreñimiento y además es tratada por una displasia y necesita medicina. Rosa Valle fue operada del útero, tiene sinusitis crónica e infección en las vías urinarias y estaba antes de su aprehensión con medicamento. Beatriz tiene rinitis alérgica. A ninguna les han proporcionado sus medicamentos.
Sobre su alimentación, denuncian que les dan en todo tiempo el mismo plato: frijoles enlatados en mal estado, dos tortillas de harina amarilla, tamal miniatura, huevo en polvo y café yodado.
No les dan agua para tomar, ni para bañarse. Sin embargo, si tienen dinero pueden comprar en una tienda, «lo que sugiere un negocio a partir de la violación de los derechos de las reclusas».
«Los baños no funcionan porque no cae agua», los servicios están invadidos de suciedad y desechos. «No hay conexión de agua en todo el área donde están las 700 reclusas, por lo que la insalubridad es muy peligrosa».
Hay plaga de pulgas, piojos y garrapatas en el penal, por lo que todas las reclusas están infectadas de alguno o todos estos parásitos.
La visita a las reclusas puede hacerse una vez a la semana de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Está reducida a un máximo de 10 familiares que sean esposo, hijas, hijos, madres o padres, ningún amigo u otro familiar. La dirección de centros penales no permite visitas de amistades, pues el propósito es el máximo aislamiento.
En el caso de ser acompañados, les exigen un proceso para comprobar unión no matrimonial y tener una autorización de la Procuraduría General de la República (PGR) para poder entrar al penal.
«La Dirección del Penal no autoriza pasar ningún tipo de alimentos, ni medicinas, ni prendas de vestir a las detenidas. Curiosamente deben solicitar por escrito permiso hasta para tener ropa interior y normal.»
A las y los visitantes se les niega la entrada si visten ropa negra o zapatos de tacón, y a los hombres les exigen calzar chanclas o sandalias para entrar de visita e ir debidamente identificados.
Sobre la seguridad de las detenidas, las legisladoras informan que ellas «sienten preocupación debido a las amenazas veladas que algunos custodios les han hecho, y porque se les quiere tratar como delincuentes comunes y no como presas políticas, por lo que están compartiendo celda con personas vinculadas a asesinatos, drogas y otros delitos».
Hasta el momento la Dirección de Centros Penales no les ha asignado un espacio que corresponda a su calidad de presas políticas, argumentando la Directora que el lineamiento de centros penales es darle el mismo tratamiento que las presas comunes.
07/GG/CV
