Al conmemorar el Día Internacional de la Mujer, organizaciones civiles advirtieron los rezagos legales en materia de violencia, trata, combate al VIH/Sida y despenalización del aborto, que prevalecen en el país sudamericano y que repercuten de manera negativa en los derechos de las mujeres y niñas argentinas.
En los foros y marchas realizadas en distintas ciudades de Argentina, las mujeres organizadas pusieron el dedo en la llaga en lo que calificaron como los grandes pendientes legales a favor de la población femenina.
En el tema de violencia, denunciaron que aún no se aplica una ley vigente en el tema, además de que están en la congeladora varios proyectos para la tipificación penal del feminicidio.
La Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres está vigente desde 2009 pero la demora en su reglamentación y la falta de recursos para implementarla la vuelven «letra muerta», acusaron.
La instancia que debe implementarla es el Consejo Nacional de la Mujer (CNM), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, pero arrastra fallas estructurales desde su creación en 1992. Las nuevas funciones adquiridas por el CNM no se tradujeron en más recursos, señalaron activistas.
En su proyecto de presupuesto para 2011, el Poder Ejecutivo de Argentina solicitaba el equivalente a 2 millones de dólares para el CNM, aunque no incorporaba acciones para la implementación de la ley sobre violencia.
A fines de 2010, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU observó: «Su presupuesto (del CNM) es insuficiente (…), cuenta con escaso personal profesional y tiene baja jerarquía institucional dentro del organigrama estatal».
Las organizaciones de mujeres dijeron que la relación entre Sida y violencia es otra deuda. En Argentina, el 93 por ciento de las mujeres con VIH/Sida padecieron violencia alguna vez en su vida. Muchas denunciaron el maltrato con que son atendidas en las instancias públicas de salud.
A lo anterior se suma que en Argentina no hay un protocolo para la atención a víctimas de violencia sexual, detección y el tratamiento de otras enfermedades de transmisión sexual, para la atención psicológica y legal, ni para la administración de anticonceptivos hormonales de emergencia o profilaxis posterior.
La trata de personas, en tanto, está a mitad de camino, apuntaron las feministas. Según el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, desde la sanción de la Ley de Prevención y Sanción de Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, de abril de 2008 a enero de 2010, hubo 388 allanamientos, 621 víctimas rescatadas y 404 detenidos.
Pero según la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, en el mismo lapso sólo se dictaron 13 sentencias en la instancia de juicio oral.
La ley de trata nunca se reglamentó, pero ya hay acuerdos intersectoriales para reformarla e implementar un programa de atención a víctimas de las redes esclavistas: se busca eliminar el artículo que no considera «trata» los casos de mayores de 18 años con presunto consentimiento de la víctima, aumentar las penas de prisión para tratantes y proxenetas y confiscar sus bienes, y penalizar a clientes de la prostitución.
Las organizaciones destacaron que el 8 de marzo la Corte Suprema y la Procuración General firmaron un acuerdo para investigar juntos casos de trata. «Los jueces solos no podemos hacer nada, es un problema de toda la sociedad y todo el Estado tiene que acompañar. El problema es mucho más serio de lo que pensábamos», dijo la jueza Carmen Argibay, impulsora de la Oficina de Violencia de la Corte.
Mientras, lamentaron las activistas, el aborto sigue penalizado salvo en excepciones. Los abortos inseguros son la causa principal de muerte materna, pero el Estado no produce información sobre el tema y la legalización de esta práctica no está en la agenda presidencial. Algunos sectores impulsan una iniciativa en el Congreso pero parece una meta difícil en un año electoral.
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