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Graves violaciones en Oaxaca: observadores internacionales

La Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIODH), comprobó que las autoridades federales y estatales han incurrido en graves violaciones a garantías de los miembros y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Estos atropellos, no se justifican porque el movimiento popular no tiene una estructura subversiva o de confrontación, sino pacífica que reivindica demandas legítimas, afirmó el coordinador de la misión humanitaria, Iñaki García.

En conferencia de prensa para dar a conocer un informe preliminar de su trabajo, el activista español dijo que la CCIODH realizó alrededor de 350 entrevistas con partidarios de la APPO, organizaciones no gubernamentales y sociales, pueblos y comunidades indígenas, medios de comunicación, así como miembros del magisterio oaxaqueño, autoridades estatales y federales, y directores de hospitales, entre otros.

Explicó que se documentaron las violaciones especialmente a la libertad de tránsito, manifestación, expresión y del uso del espacio público, así como detenciones ilegales y arbitrarias, trato inhumano y degradante, y ejecuciones extrajudiciales.

Además, se vulneraron los principios de presunción de la inocencia y de la defensa, así como del debido proceso de las y los detenidos y enjuiciados.

Mencionó que unas 20 ejecuciones extrajudiciales de seguidores de la APPO, según los testimonios y las denunciadas documentadas, las cometieron grupos paramilitares o escuadrones de la muerte presuntamente ligados al gobierno estatal.

Y resaltó que la intervención de la policía ordenada por las autoridades federales y estatales para agredir al movimiento popular dejó abiertas tremendas heridas.

Ante ello, dijo que los gobiernos requieren atender las causas del conflicto político social y hacer justicia a las víctimas porque de lo contrario puede plantearse en términos peores.

Al respecto, el secretario general de Gobierno, Manuel García Corpus, dijo que la administración de Ulises Ruiz Ortiz no ha recibido ningún informe oficial sobre violaciones de derechos humanos durante el conflicto y en consecuencia, rechazó hacer algún comentario.

Aunque mencionó que la presencia de organismos civiles nacionales e internacionales en Oaxaca obedecen más a tintes políticos que a un carácter legal y de defensa legítima de los derechos humanos.

No obstante, dijo que el gobierno estatal está a la espera de los informes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para atender sus recomendaciones.

07/JCM/GG

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