Grupos civiles respaldan a madres deportadas

Ante la omisión del Estado mexicano para salvaguardar los derechos de las migrantes que son deportadas y separadas de sus hijas e hijos nacidos en Estados Unidos, las organizaciones civiles son quienes apoyan a las mujeres para lograr la reunificación familiar.
 
Sin embargo, los esfuerzos de las y los defensores de migrantes no son suficientes, ya que no cuentan con los recursos necesarios para brindar asesoría jurídica y asistencia social para atender los miles de casos, que aumentaron drásticamente a partir de 2008 por el endurecimiento de las políticas migratorias en EU.
 
Así lo señala el informe “Violaciones a Derechos Humanos de personas migrantes mexicanas detenidas en Estados Unidos”, del Programa de Defensa e Incidencia Binacional (PDIB), que se presentó en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
 
El documento del PDIB –que también se entregó la semana pasada a organismos civiles y autoridades en Washington– indica que al momento de tomar decisiones respecto a la deportación, las autoridades estadounidenses deberían privilegiar el interés superior de las y los niños, considerando su derecho a la unidad familiar. 
 
De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sostiene que la detención de una madre o un padre migrante no debe ser bajo ninguna circunstancia un factor para la pérdida de la custodia legal de sus hijas e hijos.
 
Es por ello que las organizaciones civiles defensoras de migrantes, agrupadas en la Iniciativa de la Frontera Norte de México, de donde surge el PDIB, hicieron un enérgico llamado al gobierno mexicano para que ejecute acciones urgentes de repatriación digna y humana, a fin de que se implemente un protocolo de reunificación familiar en coordinación con las autoridades estadounidenses.
 
Para lo cual será necesario, se especifica en el informe, que se articulen los gobiernos locales de EU, los consulados mexicanos, las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal.
 
Asimismo, el PDIB exige que el Estado norteamericano realice un estudio público sobre las y los niños y adolescentes que se encuentran bajo su custodia, así como de aquellos que son dados en adopción o son separados de manera definitiva de sus padres por motivos migratorios.
 
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