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Guatemala es ejemplo para castigar la esclavitud sexual

Por Anayeli García Martínez
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La violencia sexual se puede llevar a juicio y obtener justicia, afirmó Jennifer Bravo, abogada de Mujeres Transformando el Mundo, una de las organizaciones que consiguió la primera condena por delitos contra la humanidad en su forma de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica en Guatemala.
 
El proceso penal es “machista y patriarcal”, pero con una mirada de género se pueden obtener sentencias reparadoras para las mujeres, dijo Bravo en entrevista con Cimacnoticias al exponer el caso conocido como Sepur Zarco, de esclavitud sexual de 15 mujeres, entre 1982 y 1983, durante la guerra civil guatemalteca.
 
Al finalizar su participación en una reunión con personas defensoras de Derechos Humanos en Tenosique, Tabasco, la litigante destacó que además de la justicia, este caso logró que las sobrevivientes y las organizaciones feministas hicieran que en el país centroamericano se nombrara la violencia sexual.
 
En Guatemala este fue el primer juicio por delitos del pasado en el que se puso en el centro la esclavitud sexual, porque esta vez no se juzgó como un hecho aislado de genocidio o tortura, dijo Jennifer Bravo, quien además advirtió que este es un ejemplo para replicar en países como México.
 
En 2009, Mujeres Transformando el Mundo, una organización que brinda acompañamiento integral a sobrevivientes de violencia sexual, feminicidio y trata de personas, junto con la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Unamg) y El Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), creó la alianza Rompiendo el Silencio.
 
Esa iniciativa se creó para visibilizar los crímenes contra las mujeres cometidos durante el conflicto armado interno, y su primera acción fue organizar un Tribunal de Conciencia en 2010, como una forma de decirles a las mujeres de los departamentos (estados) de Huehuetenago, Chimaltenango, Izabal y Alta Verapaz, que se puede buscar la justicia.
 
En esa ocasión, abogadas feministas, defensoras y sobrevivientes de violencia sexual participaron en el juicio simbólico, pero continuaba la necesidad de emprender el camino hacia la justicia ante las instituciones, así que en 2011 las mujeres de la comunidad de Sepur Zarco presentaron denuncias penales.
 
El 29 de septiembre de ese año se interpuso la primera querella por delitos de deberes contra la humanidad y genocidio. La denuncia no se inició por delitos de violencia sexual porque se debía comprobar que además de homicidio y desaparición de varones, hubo violación sexual de mujeres, algo que las víctimas debían declarar.
 
El caso se llevó ante el Juzgado de Primera Instancia Penal,  Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, del departamento de Izabal, y es que en las 22 provincias de aquel país no hay justicia especializada en delitos de mayor riesgo, es decir, aquellos que por su naturaleza ponen en peligro la seguridad de indiciados, víctimas y juzgadores, por lo que el proceso inició en una instancia local.
 
DELITOS DE LESA HUMANIDAD
 
Sepur Zarco es una comunidad en los límites de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal; abarcaba cuatro comunidades donde en 1982 llegó el Ejército a solicitud de los finqueros propietarios de tierras que antes pertenecían al pueblo maya q’eqchi’, quienes pidieron la intervención militar para proteger sus tierras de las comunidades indígenas que reclamaban la propiedad.
 
Cuando comenzó el juicio se conoció que el “modus operandi” de las fuerzas armadas en Sepur Zarco era desaparecer a los campesinos que tramitaban la propiedad de las tierras ante el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA). La represión se hacía con la ayuda del comisionado militar, Heriberto Valdez Asig, que señalaba y ubicaba a cada campesino.
 
La abogada narró que la forma de operar del Ejército fue entrar a las casas, destruirlas, desaparecer a los hombres y violar a las esposas e hijas; o bien, cuando un hombre desaparecía, las mujeres acudían al destacamento militar a preguntar por sus maridos y a cambio eran detenidas, violadas y esclavizadas.
 
Las mujeres llamadas viudas –aunque no sabían el paradero de sus esposos– fueron violadas en reiteradas ocasiones y explotadas laboralmente porque eran obligadas a cocinar, hacer tortillas, preparar comida y lavar ropa. Tras los quehaceres, algunas eran violadas colectivamente y otras en la clandestinidad cuando iban al río a lavar.
 
Pero la historia no terminó ahí. En ese contexto, desapareció el esposo de Dominga Coc; ella fue a preguntar al destacamento donde fue violada y asesinada junto con sus hijas Anita Seb Coc y Hermelinda Seb Coc, crímenes que permanecieron en silencio hasta que ellas rindieron su declaración en 2012.
 
Ese año, tras escuchar los testimonios se hicieron exhumaciones en la región y en la finca “Tinajas” se encontraron 51 osamentas en 13 fosas, todas de hombres con señales de tortura, los brazos atados a la espalda, y otros vendados de ojos y boca. Los hallazgos robustecieron la investigación.
 
Ya para 2014, las organizaciones y las víctimas solicitaron órdenes de captura. Mientras las indagatorias llevaban su curso, las 15 mujeres pasaron der víctimas a sobrevivientes y de sobrevivientes a sujetas de derechos, por lo que decidieron dar un paso más: organizarse y conformar la colectiva Jalok U (“transformación de rostro”).
 
La indagación encontró dos responsables: Esteelmer Francisco Reyes Girón, entonces jefe del destacamento militar, un teniente coronel de artillería que estaba a cargo de todo lo que sucedía con los soldados, y Heriberto Valdés Asig, que en aquel momento era comisionado militar y encargado de ubicar a los campesinos. Ambos fueron detenidos el 14 de junio de 2014.
 
Para octubre de ese año –detalló la experta– hubo una audiencia intermedia para definir si se abría un juicio o no. En ese momento las mujeres pidieron que el proceso se abriera de manera diferente: que se tratara como un caso de delitos de deberes contra la humanidad, pero en su modalidad de violencia sexual.
 
Cinco años después de la denuncia y a 33 años de los hechos, en junio de 2015 el Juzgado B de Mayor Riesgo aceptó las pruebas presentadas y envió el caso al Tribunal A de Mayor Riesgo, para ser resuelto. El pasado 26 de febrero, los dos ex militares guatemaltecos fueran condenados a 120 y 240 años de prisión.
 
Ante la resolución en instancias nacionales, sin tener que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a la Corte Penal Internacional, Jennifer Bravo aseguró que la justicia con visión de género puede ser posible, y que sólo falta que las y los juzgadores analicen casos como estos desde esta perspectiva.
 
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