La Campaña del Secretario General de Naciones Unidas para poner fin a la Violencia contra las Mujeres constituye un llamado para aprender de las experiencias positivas de la organizaciones de mujeres, las cuales han asumido el papel de los Estados en temas de justicia, asistencia a las sobrevivientes y acompañamiento a las familias de ciudadanas que han sido asesinadas, en los que también debería participar la iniciativa privada.
Ana Greys Cabrera, del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), aseguró que para enfrentar problemas como la creciente ola de asesinatos contra las mujeres y la violencia basada en el género es necesario fortalecer la dinámica de coordinación entre las instituciones del Estado, del gobierno y de las empresas.
Muy poco se ha abordado en Guatemala el tema de la responsabilidad social empresarial en el contexto de la violencia contra de las mujeres, por lo que en el 2009 la Campaña del Secretario General es una invitación a que el sector privado se una a realizar actividades que contribuyan a sensibilizar a la población sobre el flagelo, pero sobre todo a detenerlo, aseguró Cabrera.
El fortalecimiento de las alianzas entre las organizaciones sociales, el gobierno y las empresas, así como las denuncias públicas y el liderazgo político, permitirán colocar el tema en la agenda latinoamericana, añadió la representante de Unifem. La entrevistada indicó que en Guatemala se enfrenta un problema grave de impunidad que impide alcanzar la justicia en los casos de feminicidio; según reportes de diarios nacionales, en lo que va del 2009 se han registrado 789 asesinatos de mujeres; 98 por ciento permanece impune.
El elevado nivel de violencia de género que se registra en el país, el más alto del continente, así como la indiferencia política y el escaso acceso al sistema de justicia, son algunas de las razones por las que la Campaña del Secretario General de Naciones Unidas será presentada en Guatemala el próximo martes.
Cualquier expresión de violencia contra la población femenina es inaceptable, inexcusable e intolerable, por lo que las sociedades en conjunto deben adoptar conductas que erradiquen la problemática: desde la convivencia pacífica entre los sexos hasta el incremento de fondos para los proyectos estatales de prevención, concluyó Cabrera.
09/YT/LGL
