Al cumplirse hoy 28 años de la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen en Guatemala, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Familia Theissen Molina, hicieron un «vehemente llamado» al Estado de Guatemala para que se investigue este caso de desaparición forzada, informó Cejil en un comunicado.
El niño, de entonces 14 años de edad, fue detenido ilegalmente y desaparecido por el Ejército guatemalteco, sin que su familia conozca aún su paradero.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) conoció la desaparición forzada de Marco Antonio a raíz de la denuncia interpuesta por su familia y Cejil en 1998 y emitió dos sentencias en el año 2004 en las que estableció la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala.
Además, le ordenó la adopción de una serie de medidas de reparación que incluyen, entre otras, la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de estas graves violaciones.
Cejil, que ha litigado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos otros casos de violaciones graves a derechos humanos y en el caso de México las violaciones sexuales cometidas por militares contra mujeres y que ahora funge como representante de los familiares de las víctimas de Marco Antonio, informó hoy que el pasado 1 de octubre el Estado guatemalteco fue llamado a rendir cuentas ante la CoIDH, ya que a más de cinco años de emitida la sentencia de reparaciones estas medidas siguen sin ser cumplidas.
En la audiencia, el Estado informó que ha supeditado la búsqueda de los restos de Marco Antonio a la aprobación de la iniciativa de Ley para la creación de la «Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de la Desaparición Forzada y otras Formas de Desaparición», la cual tiene ya tres años de estar en el Congreso sin ser aprobada y no hay visos de que eso suceda en lo futuro. Asimismo, reconoció que no existen avances significativos en la investigación de estas graves violaciones.
«Estamos profundamente preocupados por los escasos avances que se muestran en este caso después de cinco años de dictada la sentencia y lamentamos que el Estado de Guatemala se limitara a informar otra vez lo que ya había dicho de manera escrita sin que haya resultados reales en ninguno de los puntos pendientes de cumplimiento» manifestó Cejil.
Lucrecia Molina, hermana de Marco Antonio, solicitó al Estado guatemalteco a través del alto tribunal Interamericano, «acciones concretas y que la búsqueda de los restos de su hermano no se sujete a ningún proyecto de Ley».
Según la CoIDH, el Estado de Guatemala debe crear un sistema de información genética y adoptar un procedimiento expedito que permita obtener la declaración de ausencia y presunción de muerte por desaparición forzada.Ello contribuirá también a que los familiares de otras miles de víctimas de desaparición forzada en Guatemala tengan a su alcance mecanismos que contribuyan a reparar las violaciones cometidas en su contra.
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