El Congreso guatemalteco aprobó una ley que tipifica el asesinato de mujeres como delito especial y establece duras sanciones contra toda forma de violencia por razones de género, aunque hasta hoy la legislación carece de un efecto disuasorio, informa el Especial Mujer, de Prensa Latina.
La legislación, sancionada a principios de abril, fue aplaudida por la sociedad que clamaba por la creación de instrumentos para detener crímenes cuya reiteración y brutalidad causan un impacto negativo en la percepción de seguridad de la ciudadanía.
Organizaciones defensoras de los derechos femeninos y expertos en el tema manifestaron su beneplácito por este paso de avance, pero también advirtieron sobre una cruda realidad, y es que, en este país, la ley no basta.
Las pocas semanas transcurridas desde la aprobación de la normativa demuestran la validez de esta afirmación, porque hasta el momento las muertes continúan como antes y sólo este año suman más de 150.
Dos casos provocaron especial conmoción en los últimos días, uno de ellos el ataque a balazos contra tres jovencitas en la región oriental de Guatemala.
Los cadáveres de María Alejandra Girón, de 16 años; Silvia Morales, de 17, y Nancy Carolina Hichos, de 18, fueron descubiertos en una vía que une a la ciudad de Zacapa con Río Hondo. Según sus familiares, las tres habían asistido a una festividad local y no volvieron más a sus hogares.
El otro hecho fue el hallazgo del cuerpo sin vida de Anabella Ruiz Cian, de apenas nueve años, luego de 11 días de haber sido secuestrada en la aldea San Miguel, del departamento de Jalapa.
Anabella carecía de la facultad de hablar y por lo tanto no pudo pedir auxilio, circunstancia aprovechada por sus victimarios.
Sus decesos pasarán a engrosar una estadística que no deja de crecer desde 2001, cuando la Policía Nacional Civil comenzó a llevar un recuento separado por sexo de los asesinatos cometidos en el país.
A partir de entonces, más de tres mil 420 mujeres murieron por causas violentas y, aunque en ocasiones existen suficientes evidencias en la escena del crimen, más del 70 por ciento de los hechos permanecen sin investigar.
Unas 220 personas han sido detenidas en ese período, vinculadas con algunos asesinatos de mujeres, pero sólo el uno por ciento de los juicios finalizó con una condena para los culpables y el resto recobraron su libertad.
«Aquí no es un problema de carencia de marco legal, lo que se necesita es romper la impunidad», declaró a Prensa Latina la dirigente Norma Cruz, de la fundación Red de Sobrevivientes de la Violencia Doméstica.
Tener una ley que identifique el feminicidio como «la muerte violenta de una mujer, ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres» es bueno, pero falta más para modificar la estructura machista de la sociedad, señala.
Según Cruz, es necesario comenzar un programa nacional de educación con la infancia para cambiarles el mensaje de lo que deben ser las relaciones de género y transformar desde la raíz la cultura patriarcal en la cual se basa la organización social.
A partir de la nueva legislación es necesario, también, sensibilizar a las autoridades, policías, fiscales y jueces, sin cuya acción decidida la ley será letra muerta.
Hilda Morales, de la Red de la No Violencia contra la Mujer, ha denunciado que las voces de auxilio y el reclamo de «ni un asesinato más» parecen no tener eco en los organismos estatales.
Muchas veces, dice Morales, las familias de las víctimas callan por temor o desilusión, pues el Ministerio Público minimiza sus denuncias, ignora la aportación de nuevos datos, no investiga o emite opiniones que parecen justificar los crímenes.
Rosa Franco, madre de una de las víctimas cuya muerte sigue impune desde 2001, narra que cuando llega a la fiscalía para ver cómo marcha el caso, es el personal de allí quien le pregunta si tiene informaciones nuevas para aportar.
No obstante, la promulgación de la Ley contra el Feminicidio es considerada un paso histórico, alcanzado tras años de lucha para convencer a los legisladores sobre esta necesidad.
Lorena Robles, representante del Sector de Mujeres de la Sociedad Civil, señaló que la normativa puede contribuir a la erradicación de muertes violentas por razones de género y de otros abusos, como el maltrato, el acoso sexual y las violaciones.
El reto ahora es lograr que se lleve a la práctica y al mismo tiempo trabajar para la desaparición de las causas de este penoso fenómeno, como son el machismo, la ignorancia y la cultura de violencia tan arraigada en el país.
Un verdadero cambio arribará cuando se transformen las relaciones de poder y se logre una nación más igualitaria y equitativa, pero mientras tanto la ley, por sí sola, no bastará para contener este tipo de crímenes, concluye el Especial Mujer, de Prensa Latina.
08/GG/CV
