La razón de muerte materna (RMM) en Guatemala es la más alta de la región centroamericana, toda vez que en 2010 se registraron 153 decesos de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos debido a que las políticas públicas dirigidas a lograr embarazos saludables no operan eficientemente.
Así lo informó a Cimacnoticias, Ixmucané Solórzano, de la Organización de Mujeres Tierra Viva, con sede en la ciudad de Guatemala, quien señaló que otros factores que impiden la disminución de la mortalidad materna (MM) en el país son las barreras culturales, ya que muchas mujeres requieren que su esposo u otro familiar les autorice acudir a los servicios de salud.
En esta circunstancia, dijo, «es claro» que esta nación no alcanzará a cumplir el quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) que consiste en reducir a 45 los decesos de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos para el año 2015.
Aunque hay esfuerzos gubernamentales por disminuir la MM la situación es crítica porque las mujeres aún deben sortear múltiples obstáculos para llevar a término un embarazo saludable, añadió Solórzano.
Detalló que una de las barreras es que las mujeres no reconocen los «signos de peligro» o de emergencia obstétrica para que acudan a los servicios de salud y sean atendidas oportunamente. Además, la decisión de asistir a pedir atención médica «no está en sus manos, es el marido, la suegra, el papá o la mamá, quienes deciden por ella».
Las acciones del Estado para informar a las guatemaltecas cuándo deben acudir a los servicios de salud son insuficientes. Por ello, las organizaciones «hemos hecho un esfuerzo para darles información útil para que ellas reconozcan cuando hay síntomas de peligro y sepan lo que deben hacer».
Una vez que las mujeres deciden ir al centro de salud por una emergencia obstétrica, el traslado debe ser lo más pronto posible, en este caso la respuesta del gobierno también es deficiente.
«Si ellas viven lejos, llegan al centro de salud comunitario donde no siempre tienen la capacidad de atender una emergencia obstétrica, entonces deben trasladarlas a un hospital, pero o no hay ambulancia o cuando hay no tiene gasolina o la utilizan para otras cosas», refirió Ixmucané.
Cuando las mujeres llegan a los servicios médicos, la atención debe ser eficiente para que no mueran; sin embargo debido a la «alta demanda y poca oferta» no es «tan ágil como debería» a pesar de que existe un protocolo de atención inmediata a las mujeres con síntomas de MM.
Explicó que las habitantes de zonas rurales no acuden a los servicios públicos, por lo que son atendidas principalmente por parteras, «quienes sostienen el sistema de salud comunitario».
Solórzano observó que a pesar de la importancia de las parteras, las autoridades las responsabilizan de la MM y de los abortos entre las mujeres rurales y para colmo no les da equipo ni capacitación, por lo que las organizaciones «suplimos esa responsabilidad del gobierno».
«Si la situación no cambia, no habrá modo de reducir la MM», advirtió la activista, quien dijo que no hay condiciones para que operen las políticas públicas, decretos y leyes en materia de salud sexual y reproductiva, pues hace falta una mayor inversión para contar con suficientes recursos humanos y económicos.
El problema, añadió, es que «lejos de aportar se reducen recursos», y el último recorte en materia de salud sexual y reproductiva fue de 45 por ciento para el ejercicio 2011, precisó.
Además, desde hace siete años se estableció un impuesto a las bebidas alcohólicas para que el 1 por ciento de la venta de cada producto se destinara a los programas de salud reproductiva, pero los recursos recaudados en vez de destinarlos a esta causa «el Ministerio de Salud los gasta en otras problemáticas».
Este hecho pone en evidencia «la falta de voluntad política para mejorar la vida de las mujeres», acusó. Para enfrentar el panorama es necesaria la implementación de políticas públicas a largo plazo, que no dependan del gobierno en turno sino que sean permanentes, concluyó Ixmucané Solórzano.
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