El denominado Proyecto Democrático espera que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tome en cuenta algunas observaciones de la entidad sobre el proceso electoral, con el fin de mejorar la segunda vuelta de votaciones el próximo 4 de noviembre.
Henry Ramírez, facilitador del proyecto, apoyado por la Cooperación no Gubernamental Italiana (COOPI), expresó que es necesario que las autoridades del TSE se percaten de las debilidades de las votaciones del pasado 9 de septiembre, con el fin de que la ciudadanía no encuentre obstáculos para emitir el sufragio.
Entre las anomalías detectadas están supuestas alteraciones en el padrón electoral y en los libros de votantes, dijo Ramírez, quien valoró la descentralización de las mesas receptoras de sufragio, porque ayuda a disminuir el ausentismo.
El entrevistado manifestó que hay que evitar que personal no autorizado tenga acceso al padrón, como ocurrió anteriormente cuando algunos partidos tuvieron en sus manos estos datos, lo que podría dar lugar a ciertas anomalías.
En algunas regiones hubo problemas con los atriles, que fueron improvisados con cartones y ubicados en áreas invisibles, situación que también podría obstaculizar la transparencia del proceso, concluyó Ramírez.
ESPERAN MENOS VIOLENCIA POLÍTICA
Por su parte, el Mirador Electoral (ME) pronosticó índices menores de violencia política en la segunda ronda de comicios, del 4 de noviembre, y anticipó que los focos de riesgo se ubican más en aquellas localidades donde hay inconformidad por la reelección municipal y cuando tomen posesión de sus cargos los ganadores del evento cívico del 9 de septiembre recién pasado, en enero de 2008.
Según el último informe del ME, se prevé menos hechos violentos porque la próxima cita a las urnas no es para elegir gobiernos municipales, ni diputaciones al Congreso de la República.
Entre los departamentos donde se prevén disturbios en varios de sus municipios, a partir del 15 de enero de 2008, están Guatemala, Jutiapa, Santa Rosa, Suchitepéquez, Retalhuleu, Sacatepéquez, Escuintla, Sololá, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Petén y Zacapa, indicó el estudio.
De 332 municipios, cerca de 41 en 14 departamentos han sido identificados como lugares donde podrían acontecer desórdenes públicos y expresiones violentas de protesta; en el 70 por ciento de los casos se trataría de una reacción ante la insatisfacción por las autoridades electas en un marco de denuncias sobre supuestas anomalías durante el pasado sufragio, agregó el análisis.
El documento subrayó, al evaluar las elecciones generales, que se observó carencia de coordinación entre las instituciones competentes para indagar y castigar hechos que merecieron la categoría de delitos, lo que reflejó la debilidad para impartir justicia penal en material electoral.
La apreciación del ME es que el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ) no persiguieron las infracciones en que incurrieron afiliados y simpatizantes de las agrupaciones políticas contendientes.
Hizo falta abrir procesos por diversos acontecimientos, entre otros falsedad, perturbación de las elecciones y coacciones contra votantes, indicó el informe, en el que también se señaló que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó la mayoría de impugnaciones presentadas por los partidos políticos, con motivo de la primera vuelta de votaciones.
Finalmente, el ME hizo un llamado a las y los ciudadanos para que no se involucren en actos violentos cuando se conozcan los resultados de los sufragios del 4 de noviembre, porque esta instancia coincide con las estimaciones de otros sectores y actores, sobre que el margen de votos será muy estrecho entre los dos binomios presidenciales.
07/GG/CV
