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Guatemala: sin fecha para llevar al Congreso Ley sobre violencia

Por Redaccion

El Congreso de la República de Guatemala aún no ha fijado una fecha para socializar en el Hemiciclo, en segunda lectura, la propuesta de Ley Marco sobre Violencia contra las Mujeres, que pretende tipificar cuatro tipos de femicidio, entre otras formas de violencia contra las guatemaltecas.

Roxana Cifuentes, integrante de la Asociación de Mujeres Médicas (AMM), dijo a Cerigua que el movimiento de mujeres ha llevado a cabo reuniones estratégicas con diputados y diputadas para solicitar la inclusión de la propuesta de ley en los siguientes debates.

Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG), ha sido la más anuente a mantener en agenda legislativa el tema y a continuar con el monitoreo, el análisis y la socialización de cifras sobre violencia contra las mujeres y femicidio en el país, añadió la entrevistada.

Es preocupante que las y los nuevos legisladores no muestren interés por la aprobación de normas que contribuirán a disminuir los altos índices de agresiones, violencia y asesinatos en contra de las guatemaltecas, enfatizó la profesional.

La Ley Marco sobre Violencia contra las Mujeres, elaborada por la Asamblea de Organizaciones No Gubernamentales y Gubernamentales para Promover Propuestas y Reformas Legales a favor de las Mujeres, fue aprobada en primera lectura el 10 de diciembre de 2007.

Según datos de la Policía Nacional Civil (PNC) en lo que va del 2008 se ha registrado la muerte violenta de 49 mujeres; el año pasado se conocieron 462 casos de femicidio.

MUJERES, EN MEDIO DEL FUEGO CRUZADO

Sobre el mismo tema, el Especial de Prensa Latina, Mujeres del Tercer Milenio, narra cómo Karla Vega, una joven con ocho meses de embarazo, resultó herida al quedar en medio de un fuego cruzado entre pandillas en la capital guatemalteca y, aunque los médicos lograron salvar al bebé, ella pereció en el ataque.

Con apenas 19 años, Karla pasó a engrosar la enorme lista de mujeres muertas a causa de diversos hechos de violencia en este país, donde en los últimos cinco años perdieron la vida cerca de tres mil mujeres.

El fenómeno, que se ha dado en llamar feminicidio, no es nada nuevo y tiene sus raíces en la estructura patriarcal de la sociedad y la cultura de violencia heredada de los 36 años de conflicto armado interno.

Durante la guerra, el exterminio de mujeres constituyó una política de Estado dirigida a dañar el tejido social y paralizar a la población por medio del terror, según el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico.

Hoy el problema se mantiene y alcanza a todos los grupos socioculturales: indígenas, no indígenas, amas de casa, trabajadoras, estudiantes, e incluso, niñas.

Como causas de este flagelo son señaladas: la violencia familiar, el narcotráfico, el crimen organizado, la proliferación de las maras o pandillas juveniles y la trata de personas.

Se menciona, además, la existencia de tres millones de armas de fuego en manos de particulares, sin registro oficial, y la falta de tipificación de algunos delitos, entre ellos el acoso sexual.

Pero sea cual sea el origen, todos los casos tienen en común la ausencia de investigación, enjuiciamiento y castigo a los culpables, lo que, en opinión de amplios sectores, genera más violencia.

De acuerdo con un informe del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), en los cuatro años del gobierno de Oscar Berger fueron asesinadas mil 537 mujeres y 184 niñas, sin embargo, más del 95 por ciento de estos crímenes están en la impunidad.

El fenómeno se mantiene las primeras semanas de la nueva administración, durante las cuales murieron más de 40 mujeres.

Para Alejandra Vázquez, directora ejecutiva del Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, la única manera de ir disminuyendo la violencia es la investigación de cada caso.

Según Vázquez, quien ha dedicado varios años al estudio de este tema, uno de los orígenes del problema está en que las mujeres ocupan un segundo lugar en el hogar, muchas veces ni siquiera las inscriben en el registro civil y después no tienen derechos.

“A los 14 ó 15 años, sin estar preparadas ni física, ni psicológicamente para enfrentar la vida, ya son madres, trabajan en la economía informal sin ninguna garantía y eso las convierte en vulnerables”, explica.

Además, su presencia en zonas rojas o de conflictos hace que muchas adolescentes se vinculen a las maras y lamentablemente pierdan la vida, añadió Vázquez en una entrevista concedida a Prensa Latina.

En Guatemala las pandillas más conocidas son la Salvatrucha y la M-18, las cuales agrupan a más de 10 mil jóvenes, según cifras extraoficiales.

Una mujer que abandona a un marero está condenada a morir, como le sucedió hace poco a una joven de 17 años asesinada frente a su familia en el occidental departamento de Quetzaltenango, recordó Vázquez.

En otros casos mueren a manos de sus propios esposos o son víctimas de una violencia permanente en el hogar que, aunque no les provoque la muerte, sí pierden la autoestima y la esperanza de vivir, agregó.

La directora del Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud ve con esperanza el programa del nuevo gobierno socialdemócrata, centrado en la lucha contra la pobreza y la inseguridad.

“Ojalá que conjuntamente el gobierno y la sociedad civil podamos implementar programas para beneficiar a las mujeres y revertir la tendencia creciente de los femicidios”, dijo a Prensa Latina.

08/GG

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