Varias organizaciones sociales, entre ellas la Convergencia Nacional Maya Waqib? Kej, afirmaron en rueda de prensa que el gobierno del militar retirado Otto Pérez ha mentido deliberadamente al negar las violaciones de los Derechos Humanos (DH) en el municipio de Barillas, departamento de Huehuetenango, donde decretó un estado de sitio durante 18 días.
Juana Batzibal, quien participó en una comisión que verificó las violaciones a DH en varias comunidades de Barillas, indicó que el del estado de sitio tuvo un carácter «racista», ya que su propósito fue amedrentar a la población indígena que defiende su territorio, derecho colectivo reconocido a nivel nacional e internacional, recalcó.
Carmen Reyna y Quimy de León dieron a conocer la difícil situación que padecen las mujeres, cuyos esposos fueron encarcelados ilegalmente, toda vez que ellas carecen de recursos para alimentar a sus hijas e hijos y trasladarse de un lugar a otro.
Durante el estado de sitio fueron detenidos 17 personas, todos varones, 12 están retenidos en la Ciudad de Guatemala y cinco en Huehuetenango.
Catarina Juan Ramón y Rosa Domingo, al dar su testimonio en la comunidad Las Vegas, aseguraron que sus esposos fueron capturados por particulares, y que no hay pruebas de los cargos que se les imputan: coacción, robo agravado, plagio, secuestro e incendio agraviado, entre otros.
Las mujeres denunciaron también la negación de traducción para algunos detenidos que no hablan español, la confinación en centros de detención insalubres, y maltratos físicos y psicológicos principalmente contra mujeres durante los allanamientos.
La Convergencia Nacional Maya Waqib? Kej y otras agrupaciones calificaron al estado de sitio como una medida desmesurada y autoritaria, dictada para resguardar los intereses de la empresa española Ecoener-Hidralia Energía, que pretende construir una hidroeléctrica en la zona.
CONTRA LA HIDROELÉCTRICA
Desde 2009 los habitantes de Barillas, municipio fronterizo con Chiapas, México, han manifestado su rechazo a la hidroelécrica de Ecoener-Hidralia Energía, con base en el Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo, así como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Juan Batzibal acusó que al pueblo indígena no se le toma en cuenta. Agregó que el Ejecutivo y el Ministerio de Energía y Minas apoyan a la empresa extranjera sin considerar la opinión de las y los vecinos que se oponen a la obra prevista en terrenos donde hay un centro ceremonial q?anjob?al.
Tras un ataque contra tres habitantes de Barillas y otros hechos violentos (como la destrucción de un hotel) el pasado 1 de mayo, y bajo el pretexto de perseguir a narcotraficantes, el presidente Otto Pérez decretó el estado de sitio ese mismo día y envió 360 efectivos del Ejército y 260 elementos de la Policía Nacional Civil.
El viernes pasado, el Ministerio de Gobernación dio a conocer la detención de dos guardias de seguridad de la empresa española como presuntos responsables de la agresión en la que murió Andrés Pedro Miguel y resultaron heridos Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, todos opositores a la hidroeléctrica.
En opinión de las organizaciones sociales, Ecoener-Hidralia Energía es la principal responsable de ese atentado y del conflicto que se vive en esa localidad, a raíz de la usurpación de un «lugar sagrado» de la población q?anjob?al.
Asimismo, manifestaron su preocupación por el clima de tensión que aún se vive en varias comunidades de Barillas, principalmente las que están cerca de donde se quiere realizar la obra, como San Carlos, El Recreo y Santa Rosa.
El pasado 6 de mayo, 600 personas suscribieron una carta dirigida al mandatario guatemalteco a fin de que suspendiera de inmediato el estado de sitio. Ayer miércoles la Convergencia Nacional Maya Waqib? Kej dijo que si bien ya se retiraron soldados y policías, todavía hay presencia innecesaria de las fuerzas de seguridad.
*Periodista mexicana residente en Guatemala, coeditora de la publicación feminista La Cuerda.
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