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Guerrero: amenazan a Rommel Caín, activista de La Montaña

Por Redaccion

El pasado viernes fue amenazado Rommel Cain Chacan Pale, abogado defensor de derechos humanos y operador del Monitor Civil de la Policía y Cuerpos de Seguridad Pública en la Montaña de Guerrero, quien documenta abusos de autoridad de cuerpos de seguridad y militares en la región de la Montaña de Guerrero, informó el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

La amenaza se da después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas provisionales a 107 defensores en el estado, incluido el activista amenazado, lo cual hace patente la vulnerabilidad de las y defensores y la incapacidad del Estado para garantizar su integridad, señala el comunicado.

Ante ello, dice Tlachinollan, es alarmante la incapacidad del Estado Mexicano para hacer respetar los derechos humanos en la región de Guerrero. Y la amenaza es preocupante porque atenta contra la integridad y seguridad de Rommel y su familia; y porque no es un caso aislado.

En los últimos meses se ha constatado que en Guerrero son precarias y sumamente peligrosas las condiciones en las que defensoras y defensores de derechos humanos desarrollan su trabajo.

Chacan Pale se dedica a la documentación y defensa de los abusos de autoridad por parte de los cuerpos de seguridad contra ciudadanos y ciudadanas en varios municipios en la región de la montaña de Guerrero. El monitor ha documentado más de cien casos de abuso a lo largo de 18 meses de operación, algunos de autoridades y mandos medios hacia los propios miembros de los cuerpos de seguridad.

El viernes pasado, a las 18:30 horas, Chacan Pale contestó una llamada que provenía de un teléfono público en la que su interlocutor preguntó por él. Al atender la llamada, la voz de una persona joven lanzó severos improperios contra él y su familia, advirtiéndole que los tenían vigilados y amenazándolos directamente.

Por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es responsabilidad del Estado garantizar la integridad de los defensores de derechos humanos en Guerrero, recuerda Tlachinollan. Chacan Pale se encuentra entre las 107 personas beneficiaras a las que la Corte otorgó medidas provisionales, que implican la tutela por parte del Estado mexicano de la protección de derechos humanos para prevenir daños irreparables.

El martes 9 de junio, el equipo del Monitor en la Montaña levantó la denuncia correspondiente con el apoyo de las organizaciones que auspician su operación: Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.

Las organizaciones hacen un llamado urgente a las autoridades para atender con seriedad y oportunidad esta amenaza, asumir cabalmente el desahogo de las medidas preventivas dictadas por la Corte Interamericana, e investigar y sancionar con oportunidad esta amenaza y cualquier atentado contra la integridad de las y los defensores, especialmente en el Monitor Civil de Policía, a la luz
de los acontecimientos.

La amenaza se da en un contexto de violencia exacerbada, impunidad, y omisiones por parte de las fuerzas de seguridad locales, que se niegan a, o son incapaces de investigar los graves acontecimientos.

Se reitera así la tendencia a nivel estatal de hostigar a las y los defensores de derechos humanos y a dirigentes sociales por reivindicar sus derechos, o documentar abusos. Es de destacar en este contexto, señala el comunicado, que el 20 de febrero de este año, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFMP) fueron encontrados sin vida y con inminentes huellas de tortura.

También Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIT) ha sido víctima de amenazas.

Al día de hoy, el asesinato extrajudicial de Raúl y Manuel permanece impune, y la Procuraduría General de la República está estudiando atraer el caso ante la falta de garantías en la integración de la investigación en la Procuraduría local.

09/GG

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