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Hace TSJDF oídos sordos para liberar a Clara Tapia

Por Anayeli García Martínez
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La Sala Octava del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) negó la posibilidad de dejar en libertad a Clara Tapia Herrera, acusada del delito de corrupción de menores contra sus dos hijas e hijo, y de ser cómplice de Jorge Antonio Iniestra Salas, conocido como el “Monstruo de Iztapalapa”.
 
Este miércoles las magistradas Irma Guadalupe García Mendoza y Rosalinda Sánchez Campos, y el magistrado José Guadalupe Carrera Domínguez, decidieron confirmar la decisión del juez 64 Penal, Casiano Carlos Morales García, por lo que Clara deberá continuar el proceso en prisión hasta que se le dicte sentencia a pesar de las violaciones al debido proceso de las que fue víctima.
 
El 6 de septiembre de 2011 la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) detuvo a Iniestra Salas gracias a una denuncia que Clara hizo semanas antes, y en la que lo acusó de violencia intrafamiliar, de violar y secuestrar a sus dos hijas, y de golpear y obligar a su hijo a trabajar pese a que él era menor de edad.
 
Ese mismo día las autoridades llamaron a Clara para pedirle que fuera a reconocer a los detenidos. Cuando ella se presentó fue detenida al ser considerada cómplice de Iniestra Salas. Desde entonces ella permanece recluida acusada en un primer momento por violencia intrafamiliar y corrupción de menores.
 
Ante las violaciones al debido proceso por una detención sin previo aviso y las declaraciones de funcionarios judiciales, quienes dijeron que “Clara vendía a sus hijas a su secuestrador”, los abogados Karla Micheel Salas y David Peña, integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), decidieron tomar el caso.
 
Durante el proceso, los abogados encontraron que las únicas pruebas para inculpar a Clara eran las primeras declaraciones de sus dos hijos (su hija menor fue asesinada por Iniestra Salas en 2009), y un peritaje psicológico en el que se decía que ella era “mala madre” porque conocía los hechos y no hizo nada para evitarlos.
 
Sin embargo más tarde, y después de terapia psicológica, los hijos de Clara ampliaron su declaración y señalaron que su madre siempre los cuidó y que no estaba enterada de los abusos. Incluso ella debía aportar todo su dinero porque Iniestra Sala la amenazaba diciéndole que de no hacerlo mataría a sus hijos.
 
El agresor hizo creer a las niñas que la relación era “normal” y las obligó a no decir nada a su madre; además –­según declaraciones de todas las víctimas, contenidas en el expediente– las niñas y su madre vivían amenazadas, ya que el agresor les tenía prohibido cualquier tipo de comunicación.
 
Con estos indicios, en febrero de 2013 los abogados de la ANAD presentaron un “incidente de desvanecimiento de datos” ante el Juzgado 64 Penal. A través de este recurso, la defensa de Clara argumentó que durante el proceso se encontró que las pruebas que sirvieron para acusarla ya no existían.
 
A finales de febrero pasado, el juez Morales García notificó que era improcedente la libertad por desvanecimiento de datos porque las consideraciones presentadas por la defensa serían analizadas cuando se emitiera la sentencia. Ante la negativa, los abogados se inconformaron ante el TSJDF, que ayer ratificó la decisión del juez.
 
No obstante, Karla Micheel Salas y David Peña recordaron que la naturaleza del incidente por desvanecimiento de datos es evitar que una persona acusada de un delito permanezca en la cárcel de manera injusta. El Código de Procedimientos Penales del DF explica que es una figura para obtener la libertad sin llegar a la sentencia.
 
Con la resolución de la Sala Octava del TSJDF, Clara deberá continuar el proceso en prisión y esperar hasta que el juez haya recogido todas las pruebas para que analice su fallo, y decidir si queda en libertad o es condenada a prisión.
 
El fallo del TSJDF se dio pese a que un grupo de feministas pidió en una misiva a los magistrados que emitieran una decisión con enfoque de género, y consideraran que Clara es una mujer que ha sido víctima de violencia extrema junto a sus hijas e hijo.
 
Entre las firmantes de la carta están la española y experta en violencia de género Soledad Murillo; la consultora de Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuencia, Roxana Arroyo, y la jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, María Eugenia Solís García.
 
También suscribieron la petición Julia Monarrez, investigadora del Colegio de la Frontera Norte; Alda Facio, directora del Programa Mujer, Justicia y Género del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional de Costa Rica; además de un grupo de organizaciones civiles como la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres.
 
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