Inicio Haití tres meses después: ahora el sismo es político

Haití tres meses después: ahora el sismo es político

Por María Suárez Toro*

A tres meses del sismo que destruyó Haití, el 16 de abril, el gobierno le abrió las puertas a la participación directa a sus decisiones gubernamentales a estados donantes y bancos de desarrollo entre otras agencias extranjeras, lo que algunos califican como una pérdida de la soberanía constitucional.

Uno de ellos es el senador y especialista en derecho, Youri Latortue del Partido Artibonite en Acción en el Departamento del mismo nombre. Latortue, quién se rehusó ese día a votar en el Senado a favor de crear la Comisión Nacional de Reconstrucción argumentando públicamente que no podía aprobar tal medida porque “es contra la Constitución y viola la soberanía”.

La votación se realizó con “un Senado a medias”. Con apenas 13 senadores a favor, uno en contra, dos se abstuvieron y otros 11 estaban ausentes. El Senado de Haití se integra por 30 legisladores, de los cuales 10 ya habían terminado su mandato y los escaños quedaron vacíos porque no hubo convocatoria a nuevas elecciones.

La Comisión que nombró el Senado está co-presidida por Bill Clinton, el esposo de la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, además de ser Representante Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Haití y el Primer Ministro haitiano Jean-Max Bellerive.

Está compuesta además por una decena de representantes de los países donantes del mundo, los bancos multilaterales, la Comunidad del Caribe (CARICOM) y las Naciones Unidas. Los países son los que más fondos prometieron para la reconstrucción de Haití en la Cumbre de Donantes para la reconstrucción de esa nación el pasado 31 de marzo en la ONU en Nueva York. Estados Unidos, Canadá, Brasil, Francia y Venezuela.

La parte nacional integra igual cantidad de miembros que la parte internacional y se compone por legisladores, empresarios, otros servidores públicos y un sindicalista. El Trust Fund multilaterial creado para tales efectos será supervisado por El Banco Mundial.

Las medidas de emergencia que acompañan la creación de tal Comisión extienden por 18 meses el “Estado de Emergencia”, lo que autoriza al gobierno de Haití a usar los fondos y tomar otras medidas necesarias para la reconstrucción, sin tener que pasar por la aprobación del Parlamento y sobrepasando los mecanismos de control y rendición de cuentas ordinarios que existen en el país.

El Presidente puede vetar las decisiones de la Comisión, con lo que el ejecutivo tiene poderes unilateralmente centralizados para actuar, pero también queda sin responsabilidad alguna para rendir cuentas nacionalmente sobre sus actuaciones y el dinero.

Difícilmente, el Presidente va a contradecir los deseos de una Comisión con una fuerte representación financiera de quienes ponen la plata.

Difícilmente el Presidente va a tener que considerar propuestas que se salgan del deseo de los donantes, dado que representantes nacionales en la Comisión pertenecen a un gobierno saliente y sin mecanismos de participación social y política de otras fuerzas. Un sindicalista es la excepción que prueba la regla.

A pesar de que el texto del Estado de Emergencia estipula que eventualmente posterior a la crisis el Primer Ministro debe rendir informe al senado, lo cierto es que es muy probable que a la larga, cuando al fin se rinda cuentas, ellos ya no estén en el gobierno.

El propio mandato del Primer Ministro vence a inicios del año entrante y aunque no hay indicios de elecciones a corto plazo, tampoco hay plazo para esa rendición de cuentas después de los 18 meses.

Igualmente el senado actual tampoco será el que reciba el informe ya que su mandato vence en mayo de este año y tampoco se sabe cómo y cuándo podría ser electo un nuevo cuerpo legislativo.

La decisión que otorga poderes únicos al Presidente y que abrió las puertas a los organismos financieros y gobiernos donantes a participar directamente en las decisiones sobre el futuro de Haití tienen como trasfondo inmediato las promesas de casi 5 billones de dólares para la reconstrucción en esos 18 meses.

Así lo confirmó el Presidente Preval cuando contestó a Latortue públicamente diciendo que las cosas se habían hecho así para recibir los fondos.

Otro trasfondo fue planteado por Naomi Kein, autora del libro La Doctrina del Shock, cuando dijo en entrevista con Amy Goodman (Democracy Now, 14/01/10) que muy probable que algunas fuerzas impulsaran desde el inicio de las operaciones de mitigación en Haití la doctrina del shock en su trabajo en el terremoto en Haití el pasado 12 de enero.

Se dice que a caballo regalado no se le mira el diente, pero es que esa política del shock es igual a la vieja estrategia de guerra del Caballo de Troya. Klein sostiene que los poderes de la globalización corporativa aprovechan cualquier circunstancia de caos o crisis para implementar lo que no pueden hacer en momentos de normalidad jurídica y social o natural.

* Periodista feminista, integrante de Radio Internacional Feminista, en Costa Rica

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