La presencia de mujeres en las legislaturas es clave para los objetivos del régimen democrático, por ello las denominadas «leyes de cuotas» cumplen un rol central en las reformas electorales que buscan ampliar las bases de representación de estos regímenes, ya que una mayor presencia de las mujeres en los congresos genera una potencial influencia en la elaboración de las políticas públicas.
En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la histórica brecha entre el derecho a elegir de las mujeres y el derecho a ser elegidas todavía no está saldada y la historia en México es muy elocuente al respecto, señalan Diego Reynoso y Natalia D´angelo en su texto Leyes de Cuotas y elección de mujeres, análisis elaborado en 2004 y presentado en Coahuila, durante el XVI Congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales.
Han pasado 80 años desde que, en 1916, se estableció la primera medida para igualar la condición jurídica entre mujeres y hombres hasta la fecha y las mujeres sólo han alcanzado el 23 por ciento de la representación en la cámara baja, sólo el 16 por ciento en el Senado y en el ámbito de los cargos ejecutivos es todavía insignificante su presencia.
Por ello en la década de los 90, subraya el texto, se promovieron medidas para reducir «la brecha entre el derecho a elegir y la posibilidad de ser elegidas efectivamente». Así nacieron las «leyes de cuotas».
La adopción de cuotas es el resultado de la presión ejercida por organizaciones de mujeres que se movilizan para que las cuotas de género sean aprobadas y son mecanismos de acción afirmativa que buscan reclutar mujeres para posiciones políticas, de acuerdo con el libro Mujeres legisladoras en México: avances, obstáculos, consecuencias y propuestas, editado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung e Inmujeres.
Las cuotas estipulan que un cierto porcentaje de los miembros de un cuerpo o de los aspirantes o candidatos a un cuerpo sean mujeres, por lo que actúan como mecanismos que abordan el actual desequilibrio de género en los órganos de toma de decisiones y así reducir la desigualdad de género en la representación política, señala el texto.
«Las investigaciones realizadas, demuestran que si la participación de las mujeres alcanza ciertos porcentajes, entonces pueden tener verdaderas repercusiones el contenido de las decisiones políticas».
Existen, de acuerdo con la publicación, tres tipos de cuotas: las constitucionales, que se consagran preferentemente en el ámbito constitucional; las legislativas, establecidas en leyes, y las cuotas de partidos políticos, en las que éstos utilizan voluntariamente el sistema de cuotas en sus procedimientos de selección de cargos internos.
La legislación aprobada en 1993 sobre cuotas legislativas (fracción III del artículo 175 del COFIPE) indicaba que los partidos debían promover una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, pero «el nivel de generalidad de la nueva reglamentación no era más que una declaración de principios», asegura el texto Leyes de Cuotas y elección de Mujeres.
No obstante, por primera vez en la agenda política había una normativa a nivel federal para garantizar una mayor y mejor distribución de candidaturas a favor de las mujeres y la legislación de 1993 impactó a la LVI legislatura, en la que el porcentaje de mujeres pasó de un 8.4 al 13.8 por ciento en la cámara baja y de un 4.6 al 13.3 por ciento en el Senado.
Pero, a partir de 1996, la representación de género, que se especificaba anteriormente, ya no fue sólo una declaración de principios, en el sentido de que se materializó en una legislación que determina las proporciones de candidaturas que se deben distribuir conforme a criterios de género.
Sin embargo, la normativa deja un hueco al no especificar si se trata de candidaturas «simbólicas» o «efectivas», indica el texto.
Por ello, en 2002 se aprobó una nueva modificación al Cofipe, que avanzó en un sentido más específico al garantizar materialmente la distribución de candidaturas «efectivas» entre las categorías de género, afectando así a 200 escaños del total de 500 que componen la Cámara de Diputados.
Con esta reforma de la Cofipe, de acuerdo al texto, el porcentaje de mujeres en puestos de representación política se elevó al 23 por ciento, aunque ya desde 1993, al introducirse la legislación que sólo recomendaba la inclusión de mujeres, la representación de éstas experimentó un incremento.
Sin embargo, y a pesar de las precisiones que se han hecho a la legislación federal en materia de representación de género, «en el ámbito subnacional la legislación varía considerablemente de un estado a otro», explica el estudio.
Por ello, las experiencias en materia de legislación son muy diversas a lo largo del territorio, ya que aún hay estados que no cuentan con leyes de cuotas pero, a decir del texto, tienen leyes muy avanzadas y específicas que promueven un piso del 20 al 30 por ciento o no permiten que una categoría de género sobrepase el 70 por ciento.
Como consecuencia de esta reforma, hoy las elecciones realizadas «han sido muy sensibles a presentar un mayor porcentaje de mujeres electas». Y aunque aún no se alcanzan los niveles de representación que reflejen una cultura política más equitativa, sí se han elevado las proporciones de escaños que son ocupados por mujeres en la legislatura, asegura el documento.
El impacto ha sido positivo y significativo, aún cuando «la brecha entre el derecho a elegir y ser elegida sigue siendo grande».
07/HVR/GG
