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Hay menos libertad de expresión que hace 10 años

Por Anayeli García Martínez
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La libertad de expresión en México se redujo a pesar de que en los últimos 10 años se creó una Fiscalía especializada para delitos contra periodistas y un Mecanismo de Protección al gremio, y aunque se publicaron una Ley de Trasparencia y una Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
 
Así lo dijo la organización internacional Freedom House al presentar hoy el Capítulo México del informe “Freedom of the Press 2015”, en el cual señala que durante el año previo se registraron ataques a comunicadores y medios, agresiones policiacas durante la cobertura de manifestaciones, y casos de autocensura.
 
Asimismo, el reporte indica que México es un país que permanece como “no libre” en materia de libertad de expresión debido a las condiciones jurídicas, políticas y económicas, entre ellas, las leyes que penalizan a periodistas, medios que no son independientes en el área financiera, y que carecen de independencia editorial. 
 
Al comentar el informe, la periodista Carmen Aristegui, quien en marzo pasado fue despedida de la conducción del programa Primero Noticias de la empresa radiofónica MVS, dijo que es desolador ver que “vamos empeorando”, y agregó que en el país y en el mundo se han arrebatado las libertades ciudadanas a cambio de la supuesta seguridad.   
 
También explicó que el despido de un equipo de 19 periodistas de MVS Radio es una muestra de lo que puede suceder cuando empresarios –que a la vez son concesionarios del espacio eléctrico–, gobiernos y periodistas de investigación no hacen “lo que les toca” en una democracia. 
 
Declaró que en su caso, las investigaciones de un grupo de periodistas causó disgusto por divulgar los orígenes de la casa de Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nieto, y la supuesta red de explotación sexual comercial del ex líder del Partido Revolucionario Institucional en el DF Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. 
 
Sin embargo Aristegui señaló que su despido no fue una decisión autónoma de la empresa, por lo que consideró se trata de un “golpe autoritario con tufillo dinosáurico”. 
 
Observó que este conflicto entre un concesionario y comunicadores afectó los derechos de las audiencias, y por ello la ciudadanía ha presentado amparos contra su despido y el de su equipo de colaboradores.
 
Cabe mencionar que radioescuchas de Aristegui interpusieron amparos para rebatir la salida del aire de la comunicadora, los cuales han sido rechazados; sin embargo, Silvia Cerón Fernández, jueza de un juzgado especializado en telecomunicaciones y radiodifusión, admitió dos amparos que están por resolverse.
 
“Este caso puede convertirse o debe convertirse en un buen pretexto, en una buena manera de discutir cómo debe ser la relación de estos factores fundamentales. Hoy por hoy esta relación empresa-política-periodistas es disfuncional o no es favorable para el ejercicio de nuestras libertades”, afirmó.
 
En su opinión, si la Ley de Telecomunicaciones dice que hay derechos de las audiencias, éstos se deben defender y agregó: “En vez de eliminar deberíamos tener más voces, en vez de aniquilar a los que investigan periodísticamente, deberíamos alentar a los que ofrecen información de interés general”.
 
En la presentación del informe también participaron Mariclaire Acosta, directora de Freedom House-México, el periodista Javier Garza y el consejero del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, José Buendía, quienes lamentaron que hoy la libertad de prensa “esté peor que hace una década”.
 
15/AGM/RMB

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