Armonizar la legislación federal y local con los instrumentos internacionales en materia de género, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw-1981); la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y los Objetivos y Metas de Desarrollo de la ONU para el Milenio (ODM-2000), es un tarea que no sólo requiere de sensibilidad, sino de conocimiento, pues la ausencia de ambos impide lograr los objetivos trazados.
En lo anterior coincidieron la jurista española María Teresa Freixes y la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lucero Saldaña, quienes reconocieron que impulsar leyes con perspectiva de género requiere, tanto en España como en México, de negociaciones y acuerdos entre los partidos políticos y entre éstos ya sea con el Congreso o el Ejecutivo.
«Impulsar leyes a favor de la igualdad de las mujeres es un proceso que se topará aún en nuestros días con resistencias, pero ¿cuánto puede llevar a un país homologar leyes internacionales con las nacionales? Ello es cuestión de voluntad política y de conocimiento», asegura Freixes.
Más aún, recuerda que salvo por pequeñas diferencias, en materia de género España y México están sujetos al mismo marco internacional, pues en la primera es obligatorio que para elaborar leyes o decretos se realice una evaluación previa del impacto de género, con el fin de detectar qué efectos discriminatorios y qué impactos va a tener o si va a permitir avanzar hacia la equidad de mujeres y hombres.
Ejemplificó que hoy en día muchas naciones avanzan hacia la representación equilibrada de las mujeres en política, esto es, ambos sexos no deben tener menos del 40 ni más del 60 por ciento de representaciones, no obstante el ideal es avanzar hacia la paridad democrática, es decir la fórmula 50-50; «la primera puede llevarte a la segunda, aunque no necesariamente esa condición se cumple».
Freixes, quien forma parte de la Asociación Europea de Mujeres juristas alertó: «Lo que sí debe tenerse cuidado es de no subordinar el impacto de género al presupuesto económico».
Destacó que incluir la transversalidad, es decir la evaluación del impacto de género, es un proceso lento, pero lo que debe preocupar es cuando éste se detiene y, sobre todo, cuando entra en un proceso de regresión, porque resistencias siempre las va haber.
CASO MEXICO
De su lado, la senadora priista Lucero Saldaña, presidenta de la Comisión Especial para dar Seguimiento al Avance de las Investigaciones en Torno al Caso de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, recordó que 65 por ciento de las reformas que ha tenido nuestra Constitución se han realizado en los últimos 30 años, pero sólo en 10 años se han llevado a cabo el 46 por ciento de éstas, particularmente las que tienen que ver con el sistema electoral y las atribuciones del Congreso de la Unión y del Poder Judicial, sin dejar de lado aquellas que tiene que ver con derechos individuales y sociales.
Hizo ver que de 2000 a la fecha «hemos aprobado la ley que crea el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el sistema de cuotas en el código federal electoral, logrando niveles históricos de participación, en donde México ocupa el lugar 29, esto es: de 500 escaños en la Cámara de Diputados, 113 son ocupados por mujeres (23 por ciento); en tanto que de 128 curules en el Senado, 25 son ocupados por mujeres (21 por ciento).
La legisladora por Puebla reconoció que aún cuando los porcentajes son mayotes al promedio mundial de 16 por ciento en las cámaras bajas y del 15 por ciento en la alta, los promedios regionales en los países nórdicos son del 40 por ciento en Europa; en América Latina es del 19 por ciento; en Asia y Africa Subsahariana del 15 por ciento, y Estados árabes 6.5 por ciento. El primer lugar lo ocupa Rwanda, con el 48.8 por ciento en la Cámara baja y 34.6 en la Cámara alta.
05/GV/GM
