La investigación sobre las causas de la muerte de la abogada mexicana defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa, que las autoridades transformaron de asesinato político a suicidio, llega a su fin plagada de irregularidades, hechos inexplicables y fugas informativas de la averiguación previa.
El fallo del suicidio, filtrado esta semana a los medios y que será confirmado mañana sábado en forma oficial, ya había sido anunciado en junio del año 2002 de la misma manera, una fuga de información «oficial», difundida por los medios.
La coadyuvancia, conformada por abogados contratados por la familia Ochoa y Plácido, dio a conocer desde hace meses que esta era la única línea investigada con seriedad por la fiscalía especial. El martes, en una reunión cerrada con algunos medios, la fiscal Margarita Guerra y Tejada lo confirmó y mañana, se anunciará en conferencia abierta.
Los resultados de una averiguación previa que utilizó una reconstrucción realizada con su diario, su correspondencia electrónica, respuestas y opiniones de ella dictaminaron «neurosis obsesiva y rasgos paranoides» en por lo menos dos perfiles psicológicos realizados por parte de la fiscalía.
En general, la averiguación previa apostaría a una personalidad mitómana y con ansia por sobresalir, una personalidad conflictuada que tenía la capacidad de planear «autoamenazas de muerte» y un elaborado suicidio.
Entre las evidencias que se presentan esta semana por la fiscalía especial como irrefutables están que Digna Ochoa fue hallada en el lugar donde cayó en la postura original, que en el lugar no se hallaron huellas de luchas, forcejeceo o violencia ni ninguna fractura o evidencia de lesión reciente.
Solamente un golpe antiguo. Esta versión es contradictoria con los primeros resultados de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Como prueba irrefutable se presenta también que los balazos fueron «de contacto» tanto en el muslo, donde hubo un primer balazo –una lesión que hubiera tardado menos de 15 días en sanar– como en la cabeza.
El arma, una pistola semiautomática calibre 22, de fabricación checoslovaca y de los años 40 o 50 era suya y por las características del cañón no deja huella alguna del disparo para nadie.
También tienen como prueba irrefutable que el polvo o talco con el que Digna se habría puesto los guantes de látex que usaba, tiene la misma combinación de ingredientes y, por tanto, componentes químicos que la bolsa hallada en el despacho junto con un fardo de periódicos.
Es de señalar que de acuerdo con la fiscalía estas pruebas fueron fotografiadas por primera vez el cinco de julio del 2002 en el despacho Tierra y Libertad de la colonia Roma, donde compartía casos de derechos humanos con Bárbara Zamora y anteriormente con Pilar Noriega.
Esta prueba fue uno de los ejemplos más criticados por el informe de expertos peritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 18 de junio, cuando se dio a conocer en México por la coadyuvancia. La CIDH dictaminó que aunque plagada de irregularidades, con esa averiguación tendría que fallar Margarita Guerra.
OTRAS VOCES
Versiones anteriores al casi oficial dictamen, señalaron que en las primeras pesquisas vecinos del despacho de la colonia Roma de esta ciudad aseguran que el 19 de octubre de ese 2001 escucharon ruidos y golpes en la pared, pero cesaron sin aparentemente mayor consecuencia.
Junto al cuerpo de la abogada veracruzana se encontró una nota anónima con amenazas de muerte a integrantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Prodh), con quienes colaboró como coordinadora del área jurídica y donde llevaba varios casos de violación a los derechos fundamentales por parte del ejército mexicano contra la población opositora al gobierno estatal de Guerrero.
El periodista mexicano José Reveless cuestionó a un año del caso en entrevista con Cimacnoticias: «¿Cómo hablar a estas alturas de suicidio si ya desde noviembre la PGJDF presionaba a los socios de Digna Ochoa (Gerardo González y Lamberto González Ruiz) para hacerlos confesar que habían movido el cuerpo?»
Las otras líneas de investigación, que la fiscalía considera fueron suficientemente investigadas, pero la familia no, es que su muerte estaba vinculada a su condición de abogada en la región de Petatlán de la Sierra del Estado de Guerrero, debido a los problemas socioeconómicos y de violación a los derechos humanos por parte de los caciques de la zona.
Entre ellos el de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera (campesinos que defendían el hábitat de sus comunidades), liberados 21 días después de la muerte de la abogada.
Una versión más es la que el diario acapulqueño El Sur publicó presentando a sus lectores un testimonio anónimo, según el cual un tirador de la sierra (presuntamente Nicolás Martínez, inspector de la policía municipal) había sido el asesino de la abogada en la Ciudad de México, acompañado por su sobrino Octavio Zárate Martínez, por instrucciones del exalcalde de Petatlán, Rogaciano Alba.
Otra de las interpretaciones apunta hacia el general Guillermo Álvarez Lara, exdirector de la Policía Judicial Federal en el sexenio pasado, de quien se dice actuó de forma amenazante contra Digna Ochoa.
2003/MR/MEL
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