Con un abstencionismo ciudadano del 74 por ciento, la elección para renovar el Congreso del estado de Hidalgo, ocurrida ayer, estuvo marcada por el «fraude» y las operaciones de los funcionarios del Gobierno estatal en cada uno de los 18 distritos, donde ocurrieron delitos como el robo y quema de urnas y acarreo y compra del voto, todo bajo el amparo y complicidad de las autoridades ministeriales del Estado.
Así lo denunciaron los dirigentes de los partidos de oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes vieron en el previo y durante el desarrollo de la jornada electoral una «brutal» y «primitiva» elección de Estado, que dio como resultado el «carro completo» a favor de este partido.
En la mayoría de los distritos dominados por los partidos políticos de oposición (particularmente de la izquierda) figuraron incidentes que – pese a las imputaciones rechazadas por el partido oficial, el PRI – desestabilizaron la votación en los sectores donde ocurrieron, según los reportes del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) y de los partidos políticos participantes, quienes además calificaron de «vergonzoso» el 74 por ciento de abstencionismo presente durante los comicios.
LOS CASOS
Casos concretos fueron, por ejemplo, lo sucedido en el municipio de San Salvador –al oriente del Valle de Mezquital– donde dos camionetas color rojo y negro, respectivamente, tripuladas con seis encapuchados cada una, se robaron las casillas 1068 y 1069.
Fue en este mismo municipio, dominado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que denunciaron la compra ilegal de sufragios por parte del PRI, ofreciendo a la gente desde 100 hasta 700 pesos a través de la artimaña denominada «carrusel», donde además se les exigió a los votantes cargar con un teléfono celular con cámara para identificar su voto a favor de este partido y así poder cobrar su «pago».
También, justo al comienzo de la jornada electoral, en la comunidad de Papatlatla, municipio de Calnali –enclavado en la Huasteca hidalguense– delegados electorales del PRI y del Partido Acción Nacional (PAN) orquestaron el hurto y quema de cientos de boletas electorales, obligando a cancelar la elección en 5 casillas.
En distritos como el VIII, correspondiente a Zacualtipán, los partidos denunciaron la compra de votos con la siguiente operación: por la mañana se le otorgó al votante una boleta electoral ya marcada a favor del PRI, misma que no es depositada en la urna sino cambiada por una hoja en blanco fingiendo ser un voto, para posteriormente trasladarse a las denominadas «casas amigas», operadas por las Coordinaciones Regionales de la Secretaría de Gobierno estatal, en donde se entrega la boleta marcada a cambio de dinero en efectivo.
En otros distritos como el XII de Tizayuca, se detectó la organización de desayunos públicos a los cuales acudía la gente, la cual posteriormente era trasladada a las urnas para votar.
En el municipio de Tepeapulco se denunció la existencia de una camioneta color gris, identificada como propiedad de la señora Gina Franco, funcionaria de gobierno del Ayuntamiento del lugar y encargada del área de Desarrollo Social, en donde se «acarreaba» a las personas para votar.
En el distrito XVIII de Atotonilco el Grande, durante la madrugada del domingo se encontraron a las afueras de la cabecera municipal hojas de «propaganda negra» en contra de uno de los candidatos de oposición en ese distrito, acompañadas de publicidad oficial del Gobierno del estado en el cual advierten sus «compromisos cumplidos».
ELECCIÓN DE ESTADO
«Una ‘primitiva’ y ‘cavernícola’ elección de Estado fue la que operó el gobernador Miguel Osorio Chong y el aparato del gobierno estatal en estos comicios al Congreso del estado, donde, al igual que tres años atrás, el PRI buscó a toda costa ‘arrebatar’ las diputaciones».
Esto lo opinaron los principales partidos de oposición y sus dirigentes en el estado, quienes denunciaron a lo largo de la jornada electoral una serie de presuntos delitos electorales en los que el PRI y funcionarios de Gobierno incurrieron en cada uno de los distritos; sobre todo, apuntaron, en las zonas de alta influencia opositora.
Al cierre de la jornada electoral, militantes del PRD y del PAN señalaron en conferencias de prensa cómo los recursos públicos en manos del Ejecutivo hidalguense fueron destinados para favorecer a los aspirantes del PRI, desde quince días anteriores a la elección, profundizándose en el cierre de sus campañas políticas.
«Fueron casos como los ocurridos en los distritos de Pachuca I y II, donde funcionarios del Gobierno estatal vigilaban –lista en mano y con fotografías de teléfono celular– que cada uno de los trabajadores del Ejecutivo acudieran a votar por el PRI, tal cual había sido su compromiso con sus directores de área, subsecretarios y secretarios».
«El Gobierno no se ha medido», dijeron al acusar la «brutal y arbitraria» elección de Estado operada por Miguel Osorio, quien, según los últimos datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), cumplió su objetivo de lograr la mayoría de escaños legislativos.
Según lo denunciado, en los tres días previos y en el día de la elección misma, se repartieron más de un millón de despensas del Programa Alimentario del Ejecutivo hidalguense por parte de brigadas del PRI en cada uno de los 18 distritos.
«Esta elección tuvo como objetivo final la alteración de los resultados, a como diera lugar. No es posible que en pleno siglo XXI, en el año 2008, tengamos que hacerle un llamado al gobernador a la prudencia, a la cordura y a un mínimo de sensibilidad en esta elección», citaron en sus declaraciones.
Al final, dirigentes del PRD y del PAN anticiparon que presentarán las denuncias correspondientes por fraude, robo, alteración de los resultados electorales e «innumerables anomalías» ocurridas durante la elección y se espera que en los días posteriores, éstas lleguen hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Hidalgo.
08/LAR/GG/CV
