Homicidio, abuso y maltrato, cargos contra funcionarios de Hogar Seguro

Homicidio culposo, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y maltrato contra menores de edad son los delitos por los que se acusó a funcionarios encargados del albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en donde el pasado 8 de marzo murieron quemadas 41 niñas, quienes fueron encerradas en un espacio de 6 por 7 metros, luego de que protestaron contra los maltratos y abusos sexuales de que eran víctimas en ese lugar.
 
Durante las audiencias realizadas el pasado 3 de abril en la Torre de Tribunales por los hechos en la casa-hogar, en donde también quedaron lesionadas decenas de niñas, el Ministerio Público guatemalteco presentó indicios sobre la posible comisión de delitos por parte de las personas a quienes acusa. 
 
Entre los detalles que se dieron a conocer durante la audiencia, el Ministerio Público reveló que el incendio duró 9 minutos, que inició con una colchoneta que se propagó inmediatamente a las otras 24; y evidenció que se incumplieron una serie de protocolos, de acuerdo con información difundida por Guatevisión.
 
El fiscal Edwin Marroquín, dijo que la exsubsecretaria de Protección y Acogimiento de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), Anahy Keller, institución de la que depende el albergue, “incumplió su deber de garante de protección a menores de edad, generado por su falta de pericia en el desempeño en el cargo”, lo que provocó dijo, el incendio.
 
LA POLICÍA LAS ENCERRÓ
 
De acuerdo a los peritajes, reportó Guatevisión, a los hombres los encerraron en el auditorio y a las mujeres en el área de Pedagogía del Hogar. Los bomberos no lograron entrar a tiempo. Mientras las adolescentes quedaron encerradas en la habitación bajo llave. No les permitieron salir.
 
El resguardo de las menores de edad quedó en manos de agentes de la Policía Nacional Civil, quienes las encerraron y nos las auxiliaron al momento del incendio.
 
La audiencia de primera declaración fue suspendida por el juez cuarto, Carlos Guillermo Roldan, quien programó la continuidad para el día de ayer, toda vez que el exsecretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, no presentó a su defensa y porque argumentaron que varios abogados no fueron notificados del cambio de fecha de la misma la cual se tenía programada hasta el 10 de abril.
 
En tanto, durante un programa de debate en la misma televisora, Guatevisión, el analista Phillip Chicola dijo que se reconstruyeron los hechos desde 24 horas antes, por lo que se evidenció que un día antes del incendio, un grupo de 60 menores de edad se escaparon del hogar y que hubo llamadas del exdirector de la casa hogar, Santos Torres, al ex Secretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, y a la subsecretaria Anahy Keller, quienes llegaron al lugar antes de las 6 de la tarde.
 
El analista agregó que, según los testimonios recabados, en ese momento se llamó a la policía para encontrar a las niñas que se fueron, encerraron a las y los menores de edad, a los niños en un salón y las niñas en otro, y que tanto el Secretario de Bienestar Social como el Director del centro, suscribieron un acta donde le entregan el control a la Policía Nacional Civil.
 
Durante la audiencia, el Fiscal Edwin Marroquin dijo que las y los menores de edad protestaban por las violaciones a sus Derechos Humanos y nada se hizo. Y que ninguno de los dos funcionarios (ni el entonces secretario Carlos Rodas, ni Anahy Keller) tenían el perfil idóneo para el lugar que ocupaban, y mucho menos para atender una crisis como la que se presentó cuando las y los menores de edad se escaparon.
 
De acuerdo con información difundida por Guatevisión, quien da seguimiento al caso, la Procuraduría General de la Nación actuará como querellante provisional por las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Rodolfo Díaz de Fundación Sobrevivientes defiende a 9 víctimas, Pedro Rafael Maldonado abogado independiente defiende a 5. Ambos figuran como querellantes en el caso de la Secretaría de Bienestar Social.
 
El juez Carlos Guerra, deberá determinar si inicia el proceso en los próximos días. Cabe recordar que el presidente guatemalteco Jimmy Morales destituyó tras la tragedia a los tres funcionarios sindicados. Y que el mandatario tiene una demanda judicial, presentada por legisladores, como responsable del caso.
 
17/LGL/GG