La crisis en Honduras, recrudecida por el golpe de Estado del pasado 28 de junio contra el presidente constitucional Manuel Zelaya, que ha desatado la represión contra la ciudadanía y organizaciones civiles, incluidas las feministas, ya se preveía: es producto de un deterioro de sus instituciones y por la pugna entre partidos políticos, de cara al proceso electoral que se celebrará en este país en noviembre próximo.
Así lo señala un análisis del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras (Cipropredh), que contextualiza la situación que se vive en Honduras a partir del día en que se perpetró el golpe de Estado contra el presidente constitucional José Manuel Zelaya, evidencia que, de acuerdo con un reporte de los institutos de investigación internacional Fondo por la Paz y el Foreign Policy, desde 2007 había «cierta vulnerabilidad» en Honduras para vivir un conflicto interno.
Según ambos institutos, Honduras ocupó en ese año (2007), el lugar 98 de 121 de países con más exposición y vulnerabilidad a sufrir conflictos internos y con deterioros de institucionalidad.
Fueron varios los factores, dice el informe, que agudizaron la actual crisis hondureña y que «abonaron» al clima para el golpe de Estado.
Por un lado, según el documento, el desmesurado incremento en el gasto militar durante la última década bajo el argumento de las nuevas tareas asignadas al Ejército como proteger el bosque, el apoyo a los desastres naturales y las actividades antinarcóticos.
Al respecto, menciona que la Red de Seguridad y Defensa de Latinoamérica (Resdal), ubicó a Honduras como el sexto país que más dinero destina de su Producto Interno Bruto (PIB), 1.25 por ciento y 5.45 por ciento a la Defensa, de su presupuesto general.
En total, dice el informe, Honduras gasta alrededor de 173 millones de dólares, lo que lo convierte en el país de Centroamérica que más gasto hace en este rubro y el sexto del continente.
Pero el último año ha sido muy crítico para el país, dice el análisis, ya que por un lado está la pugna por el poder entre tres de los cinco principales partidos políticos del país de cara a la próxima contienda electoral en noviembre de este año y, por otro, las divisiones y fracturas en las relaciones entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, acentuadas por el acercamiento de Zelaya con los países miembros de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba).
Cabe mencionar que hay una candidata independiente a la presidencia del país, Berta Cazares Flores, dirigente nacional de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, quien dijo a Cimacnoticias el pasado 1 de julio: «Vivimos en Honduras una insurrección popular, un levantamiento con la decidida participación de las mujeres, en contra de las fuerzas armadas y el grupo oligárquico que derrocó al presidente democráticamente electo Manuel Zelaya, pero el costo es alto y la situación de la población civil, incluida la niñez, es crítica, la vida cotidiana está alterada y la brutal represión tiene como blanco principal a la juventud.
Zelaya y la cuarta urna
Uno de los motivos principales que dieron origen al golpe de Estado, analiza el Cipropedh, fue la propuesta de Zelaya para realizar la llamada Consulta Popular, la cual cambió de nombre a Encuesta de Opinión, que se celebraría el 28 de junio.
En ésta se consultaría a la población si estaba de acuerdo con instalar una cuarta urna en los comicios de noviembre de este año para preguntar su opinión sobre la realización de una Asamblea Nacional Constituyente.
La propuesta fue bien recibida por casi todo el movimiento social ciudadano hondureño, las corporaciones municipales y el apoyo del Partido de Unificación Democrática «que apostaban a las oportunidades que podría generar una nueva Constitución política en términos de reducción de desigualdades históricas sociales».
Asimismo, por el movimiento feminista que en diversos manifiestos señaló «la necesidad de un cambio urgente bajo normas o reglas claras, serias y formales conociendo cuál es la sustentación ideológica del mismo y cuáles serán las rutas a transitar y defender para llegar a dónde queremos y acabar con el latrocinio, vejación, humillación y chantaje de que somos víctimas por parte de los políticos de siempre.
Otras dos propuestas se presentaron: la del candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo, para un plebiscito en 2010, y otra de César Ham, de la Unificación Democrática, con los mismos términos.
Sin embargo, «la atención política se centró en la de Zelaya», siendo su principal opositor el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, «que hizo alianzas con el Partido Nacional, el Demócrata Cristiano, un sector del Partido Innovación y Unidad y los principales grupos económicos del país entre los que se encuentran los más poderosos medios de comunicación».
Impiden consulta
Una medida para impedir la consulta convocada por Zelaya fue el inicio de una cruzada jurídica por parte de la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público (MP), quienes, mediante la obtención de sentencias judiciales notificadas a las Fuerzas Armadas y al Ejecutivo, anulaban el decreto para llevar a cabo la consulta.
Para evitar que mediante esta orden judicial se impidiera su realización, Zelaya cambió el nombre de consulta por el de Encuesta, así bajo otro nombre supuso que «nada pasaría».
No obstante, este hecho no pasó inadvertido por los oponentes de Zelaya quienes lo consideraron como «una abierta desobediencia del Ejecutivo a los mandatos del Poder Judicial».
Los militares y el golpe
El Cipropredh reporta que una semana antes del golpe se discutió el papel que jugaría las Fuerzas Armadas en la consulta popular.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, sería el encargado de repartir las urnas para la Encuesta de Opinión. Tras la negativa de éste para hacerlo, el presidente Zelaya determinó separarlo de su cargo el 24 de junio.
Al día siguiente, este mandato quedó sin efecto al ser revocado por la Corte Suprema de Justicia quien aceptó dos recursos de amparo presentados por el MP y por un integrante del Partido Nacional a favor de Romeo Vásquez.
Por la mañana, el Tribunal Supremo Electoral solicitó al MP recuperar las urnas de la Encuesta de Opinión que se encontraban en las instalaciones de la Fuerza Aérea.
De acuerdo con el informe, al medio día Zelaya y sus seguidores llegaron a donde se encontraban resguardadas las urnas, propiciando un enfrentamiento entre los militares y los seguidores del presidente.
En tanto, Micheletti presentaba ante el Congreso hondureño un decreto para restituir, vía el Legislativo, al titular de las Fuerzas Armadas.
Ese mismo día el presidente del Congreso, líderes políticos, el Estado Mayor y empresarios del país se reunieron en una «comisión» que «investigaría la conducta de Zelaya».
«Esa noche fue vox populi que el Congreso esperaba luz verde para dar golpe de Estado al presidente de la República» dice el informe.
El Ejército marca línea
El 26 de junio, Romeo Vásquez fue «aclamado» por integrantes del Movimiento Unión Cívica Democrática, quienes días atrás se habían reunido en el Congreso contra la consulta popular. Ese día, reporta Cipropredh, se unieron al Ejército ex militares en retiro y reservistas, «incluyendo miembros del desarticulado Batallón 3.16 responsable de las violaciones a derechos humanos durante la guerra fría en los años ochenta».
Días antes, sin aprobación del Ejecutivo, Romeo Vásquez ordenó a los batallones salir a las principales avenidas de la ciudad. Pese a la desaprobación de Zelaya y a la orden para retirarlos, la medida no fue acatada.
El 28 de junio, las Fuerzas Armadas de Honduras ejecutaron el golpe de Estado contra Zelaya, según el Cipropredh, el segundo del siglo XXI en América Latina.
En cuestión de horas, Zelaya se encontraba en un avión volando a Costa Rica. A partir de entonces, señala el informe del Cipropredh, se ha dado «una emergencia nacional de derechos humanos», Honduras fue expulsada de la OEA y se ha arreciado la persecución y hostigamiento contra el movimiento feminista, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros.
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