En un sorpresivo revés al avance de las políticas contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, vetó el decreto legislativo 154-2009 que penaliza el uso, venta o promoción, de la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE), y que había sido aprobado el primero de abril pasado en el Congreso Nacional en Tegucigalpa.
Esta decisión fue anunciada por el secretario privado de la presidencia, Eduardo Enrique Reina, en una conferencia de prensa donde estuvieron presentes diversas organizaciones feministas que lucharon para que este veto fuera posible. Reina explicó que la decisión del Presidente de vetar este decreto se basa en que violenta los derechos de las mujeres.
Dicho decreto estipulaba que las personas que promovieran, comercializaran o utilizaran las PAE, se les aplicarían las penas establecidas para el delito de aborto conforme a lo estipulado en el Código Penal.
Sin embargo la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que la función de las PAE es la de impedir la concepción, y no funcionan como un abortivo, ni descolocan un embrión que ya se ha implantado, además, la OMS establece que las PAE son esenciales dentro del cuadro de medicamentos de todos los países.
Ante el veto presidencial al decreto, la diputada del Partido Liberal de Honduras, Martha Lorena Alvarado, dijo que el uso la PAE, que se ha comercializado en Honduras desde hace 30 años, «es un atentado contra la vida de muchos ‘niños’, a estos grupos no les interesa en los más mínimo si hay vida… lo que quieren es prevalecer el derecho de las mujeres sobre su cuerpo.»
Otro de los opositores de la PAE, es el cardenal Oscar Andrés Rodríguez, quien, a pesar de la evidencia científica, considera la píldora como abortiva, y afirma que el nombre de anticoncepción se utiliza para ocultar un crimen, «si irresponsablemente transmiten la vida, al menos deben ser responsables de protegerla» declaró.
Sin embargo, la PAE es utilizada también en casos de violación para prevenir un embarazo no deseado, y de acuerdo con la viceministra de Salud, Nerza Paz, su uso está avalado por múltiples organizaciones nacionales e internacionales, entre las que destacan la Federación Internacional de Ginecología, la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia, así como la Federación de Sociedades de Ginecología y la Federación Americana de Medicina.
En caso de que el Congreso quiera revivir este decreto, deberá ser ratificado constitucionalmente por dos terceras partes de los legisladores, para así ser enviado al Ejecutivo y que éste lo publique en la Gaceta.
Es probable que esto suceda, pues en la votación inicial, sólo seis legisladores se opusieron a su aprobación. Ante esta posibilidad, organizaciones feministas han dicho que apelarán inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
EN ESPAÑA VENTA DE PAE NO REQUIERE RECETA
Una discusión similar se llevó a cabo en España en los últimos días, en donde ahora se puede comprar la PAE sin necesidad de receta médica, lo cual es un avance si se considera que la efectividad de este anticonceptivo se encuentra condicionada por el tiempo, 72 horas como plazo máximo. La PAE se distribuye de manera gratuita en los puntos de urgencia de los centros sanitarios desde el 2001.
Una de las intenciones de que las mujeres tengan acceso a la PAE sin necesidad de receta médica ni autorización paterna, es reducir el alto número de embarazos en menores de 19 años con el que cuenta este país, 18 mil al año, el más alto en toda la Unión Europea sólo después del Reino Unido.
Además, la secretaria general de Salud Pública y Participación de la Consejería andaluza de Salud, Josefa Ruiz, anunció que esta nueva medida vendrá acompañada de un reforzamiento los mensajes de formación e información en sexualidad.
Además, el anteproyecto de ley que despenaliza el aborto en España ya ha sido aprobado, y permitirá la interrupción voluntaria del embarazo en mujeres a partir de los 16 años, hasta las 14 semanas de gestación, plazo que podría extenderse hasta las 22 semanas en caso de graves anomalías del feto o riesgo para la vida de la mujer. De aprobarse esta ley, la interrupción voluntaria del embarazo formará parte del Sistema Nacional de Salud, y será una prestación pública y gratuita para todas las mujeres españolas.
El proyecto debe ser aprobado por el Parlamento, y se espera que genere debates debido a la oposición de la Iglesia Católica y los grupos conservadores. Esta nueva ley, sustituiría la legislación de 1985, que permite la interrupción del embarazo hasta la semana 12 en caso de violación, y hasta la 22, en caso de malformación o riesgos para la vida de la madre o del feto.
09/AMR/LAG/GG
