La prohibición del uso de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) en Honduras viola los derechos humanos de las mujeres, por lo que diversas organizaciones feministas del país exigieron la no ratificación del Decreto Legislativo que lo penaliza.
Mediante un comunicado el Centro de Derechos de las Mujeres (CDM), junto con otras organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, demandaron al Congreso Nacional de la República que someta discusión el Decreto Legislativo N° 54-2009 que prohíbe y penaliza el uso de la PAE.
De acuerdo con las organizaciones firmantes con el impedimento del uso de la PAE, además de la violación de derechos básicos de salud, también se elimina la única posibilidad que tienen las mujeres sobrevivientes de violación sexual de evitar un embarazo no deseado.
La situación es alarmante pues tan sólo durante el 2011 el Ministerio Público recibió 2 mil 417 denuncias de abusos sexuales, en las que las víctimas eran mujeres y niñas. Al no poder utilizar el método de emergencia todas estas mujeres quedaron vulnerables de un potencial embarazo producto de la violación.
Para las organizaciones la aprobación del decreto ?llevada a cabo en 2009- evidencia «la falta de voluntad política para proteger los derechos de las mujeres y niñas» por lo que exigen su inmediata derogación.
Después de una década en la que la PAE era distribuida y utilizada legalmente en el país, meses previos al golpe de Estado ?ocurrido en junio de 2009- la actual Ministra de Turismo, Nelly Jerez, presentó el Decreto Legislativo N° 54-2009 (que fue aprobado por el congreso en ese mismo año), bajo el argumento de que la anticoncepción de emergencia es abortiva, por lo que prohíbe y penaliza su uso.
El contenido de este decreto es «violatorio de derechos protegidos por la Constitución de la República» y fue elaborado por un grupo de fundamentalistas religiosos, como la Confraternidad de Iglesias Evangélicas de Honduras, denunciaron las organizaciones.
Hace tres años, una de las últimas acciones gubernamentales del entonces Presidente Manuel Zelaya fue vetar dicho decreto, aunque fue necesario someterlo a una nueva deliberación del Congreso Nacional.
Para que la nueva discusión se realizara, la Corte Suprema de Justicia debía presentar una opinión con respecto al acuerdo. El pasado 14 de febrero la Corte emitió la opinión solicitada, afirmando que prohibir y penalizar la promoción y el uso de las PAE no viola los derechos de las mujeres.
La declaración emitida por la Corte abre la puerta para una nueva discusión del pleno del Congreso Nacional sobre ratificar o no el convenio.
Además de la no ratificación del decreto, las organizaciones exigieron a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y al Instituto Nacional de la Mujer, que asuman una postura pública de defensa a los derechos de mujeres a «informarse, acceder y hacer uso de la anticoncepción de emergencia».
Junto con el CDM se pronunciaron el Centro de Derechos Reproductivos, así como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los derechos de las mujeres del país, (Cladem Honduras).
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