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Hostigamiento sexual en el Hospital General de Iztapalapa

En México no hay cifras exactas del hostigamiento sexual de que son objeto sobre todo las mujeres, pero según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 80 por ciento de las trabajadoras ha sido acosada al menos una vez.

Es el caso de la doctora Nayeli M., quien desde hace un año es víctima de hostigamiento sexual, amenazas e intentos de agresión física por parte de uno de los médicos del Hospital General de Iztapalapa, del Gobierno del Distrito Federal.

“El otro día saliendo del hospital el doctor lanzó su auto sobre el mío”, dijo Nayeli a Cimacnoticias.

La situación la orilló a denunciar y a considerar que el hostigamiento sexual se ha “institucionalizado” en ese Hospital. Es muy común que quien lo ejerce –en su mayoría médicos– reciba el apoyo incondicional de toda la estructura sindical y del propio hospital, expone.

Nayeli narra que hace un año el doctor Francisco J. Padilla del Toro, encargado de urgencias de la guardia nocturna, “empezó a decirme que le gustaba”, luego expresó abiertamente que “quería tener relaciones sexuales conmigo y que si no accedía iba a hacer todo para correrme del hospital”. Y lo está cumpliendo, dice.

La doctora Nayeli acudió con el doctor Ignacio Fuentes Ramírez, secretario del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal de la sección 13 rama médica, a denunciar a Padilla del Toro.

Como ocurre en la mayoría de estos casos, “se busca la conciliación con el agresor”, respondió el Sindicato a Nayeli.

Ante esta situación Padilla del Toro “tomó acciones”: juntó firmas para solicitar la remoción de la doctora, la desacreditó ante los miembros del hospital y minimizó los hechos. Con todo ello ha tenido que sortear Nayeli, quien ahora teme por su vida.

POLÍTICA SINDICAL

Mario Arellano Penagos, secretario de Asistencia social de la sección 13, señaló en entrevista que cuando hay un conflicto entre dos afiliados, como en este caso, “nosotros no nos metemos” sino que buscamos la conciliación entre ambos.

Sólo si el conflicto fuera entre un sindicalizado y una autoridad, “vamos con todo, nos quejamos ante Mondragón y Kalb o con las instancias pertinentes”. Si Nayeli fuera la única agremiada, “vamos contra Padilla, y si Antonio Albarrán, director del hospital, estuviese presionándola, buscamos su remoción”.

“Y si la conciliación no se da y sigue el hostigamiento sexual, el sindicato no aboga ni protege a la víctima, dejando el caso a instancias correctivas, pues ambos tienen igualdad de derechos con nosotros y el que dirime estos asuntos es el secretario de Trabajo y Conflictos”, señaló Arellano.

Nayeli, desesperada, buscó primero la ayuda del Director del Hospital, quien ya conocía el caso. “Me dice que yo estoy mal, que no es cierto y que me vaya con mi chisme a otra parte, que no tengo nada que estar diciéndole a él”.

Albarrán García, a quien Nayeli le envió una carta denunciando hostigamiento sexual, le entregó un oficio pidiéndole que cambiara su guardia de trabajo (documentos de los cuales Cimacnoticias tiene copia) con lo que “cambiaría el ambiente de desempeño y relación con los compañeros trabajadores”.

En el documento minimiza el caso, refiriéndose a éste como “hostigamiento laboral”, aún cuando en las demandas levantadas por Nayeli ante autoridades e instancias del DF –Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Salud y Comisión de Derechos Humanos– ella refiere los hechos como “hostigamiento sexual”.

Para Arellano Penagos, es insólito que a la doctora se le ofreciera el cambio de guardia, siendo que “el que está incurriendo en un delito es el médico Padilla del Toro”.

Para Nayeli, existe contubernio entre las autoridades del hospital y el sindicato, pues la delegada sindical del nosocomio, Patricia Garay, “inició la recolección de firmas para favorecer al acosador”. Garay es también ginecóloga del Hospital de los Venados, adscrito al IMSS, donde trabaja bajo las órdenes de Padilla del Toro.

En opinión de Arellano Penagos, “Garay es tranquila pero hay que ver si tiene interés personal, está coludida con Padilla del Toro o con Albarrán o si existe discrepancia entre Nayeli y ella, el problema podría estar aquí”.

Se tendría que investigar a Garay, acusa: “Hay un claro caso de hostigamiento y maltrato, por lo que, al ser Garay una delegada sindical, se le debe cuestionar por qué recabó las firmas, no es admisible que afecte los intereses de los agremiados. Puede ser lógico que haya colusión. No es el papel del sindicato echarle tierra a los trabajadores”.

HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Aunque en México no hay cifras exactas sobre este fenómeno, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que de la totalidad de las mujeres que trabajan en nuestro país, 80 por ciento ha sido acosada al menos una vez.

La OIT lo define como una violación de los derechos fundamentales de los trabajadores y como un problema de seguridad, salud, discriminación y violencia, principalmente contra las mujeres, con consecuencias físicas, emocionales y psíquicas nocivas.

El hostigamiento sexual está tipificado como delito sólo en los códigos penales en 20 de las 33 entidades de la República, entre ellas Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima y el DF (Cimacnoticias, 7 marzo, 2006).

Inmujeres reconoce que una de cada dos, de las 15 millones de mexicanas que trabaja en el empleo formal, sufre algún tipo de acoso sexual, pero “no denuncian por temor a las represalias o por vergüenza”.

El acoso sexual, dice la OIT, es una forma de discriminación por razones de género y aunque los hombres pueden ser objeto de hostigamiento, la realidad es que son las mujeres quienes en su mayoría se vuelven víctimas de este delito.

Viola, según el Instituto de la Mujer de Aguascalientes, mandatos incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Cedaw, Convención de Belém do Pará, Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, y los Convenios 111 y 169 de la OIT.

Por eso, asegura la OIT, “en los lugares donde se cuente con sindicatos y representantes de las trabajadoras se deben negociar sus Contratos Colectivos y Reglamentos Internos de Trabajo e incluir medidas de prevención y combate al delito, para garantizar un entorno laboral libre de discriminaciones”.

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