El abogado laboral, Manuel Fuentes Muñiz, consideró que el hostigamiento y acoso sexual son «difíciles» de castigar, pues para que se haga justicia en el ámbito penal, las víctimas deben presentar la «carga probatoria» para demostrar que fueron agredidas.
Al igual que el Código penal en el país, el Protocolo de Intervención para Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual, que recién presentó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) establece que las trabajadoras de la administración pública federal víctimas de estos delitos deben probar que fueron agredidas.
Según el experto en justicia laboral, en la práctica estos delitos son «letra muerta», porque «no hay manera de probar un ilícito de esa naturaleza», ya que el hostigamiento sexual comúnmente ocurre cuando la víctima esta sola. Y para que las autoridades consideren su denuncia, ellas deben presentar testigos.
El protocolo plantea que los factores que determinarán si hubo o no hostigamiento o acoso sexual serán: «el peso de las pruebas» que presenten las víctimas, «la gravedad y frecuencia» del hostigamiento, «el nivel de arrepentimiento» del agresor, si éste tiene advertencias anteriores, y «los deseos de la persona hostigada».
Las decisiones finales, que serán tomadas por un órgano colegiado dentro de la dependencia, pueden incluir cualquier combinación de terapia, ayuda profesional, y «acción disciplinaria» contra la parte denunciante.
Además, incluye la conciliación y mediación por una tercera persona «cuando ambas partes aceptan una solución favorable».
Las sanciones que las dependencias deberán implementar siempre y cuando el hostigamiento o acoso sexual sea «comprobado», son: una advertencia, insistir en que el agresor busque ayuda especializada, transferirlo, postergar sus ascensos laborales, ponerlo a prueba, y el despido.
Además, la dependencia deberá reembolsar cualquier costo asociado con estos delitos, y asegurar el otorgamiento de cualquier permiso o incapacidad solicitada debido al hostigamiento o acoso sexual.
En caso de que las pruebas sean insuficientes para decidir si el delito ocurrió, la institución y el sindicato deberán realizar más sesiones de capacitación sobre el tema, observar «atentamente» la situación. Y «recordar» a las personas involucradas «el comportamiento que se espera de ellas.
Asimismo, deben «asegurarse de que el resultado final de una queja fundada no tenga ninguna repercusión negativa para la persona hostigada».
Este protocolo se derivó del diagnóstico de cultura institucional, con base en los resultados que arrojó la encuesta aplicada por el Inmujeres y la Secretaría de la Función Pública, a 258 dependencias de la Administración Pública Federal en 2008.
Dicha encuesta detectó 25 mil 728 casos de acoso sexual y siete mil 796 denuncias ante las autoridades y mecanismos competentes.
El 15 por ciento de las mujeres que laboran en las dependencias federales y 5.3 de los hombres reportaron haber sido víctimas de acoso sexual.
Entre las acciones que señala llevarán a cabo para prevenir este delito, están: campañas de sensibilización, supervisión y control, para las y los funcionarios públicos.
Respecto a la atención a las víctimas, ésta deberá iniciar con un pronunciamiento de la persona titular de la dependencia, para manifestar que la institución está comprometida con la preservación de un ambiente de trabajo sano y libre de hostigamiento y acoso sexual.
Hasta el momento, 109 dependencias y entidades de la administración pública federal se han comprometido a implementar el Protocolo de Intervención para Casos de
Hostigamiento y Acoso Sexual.
En tanto, 155 instituciones se enfocarán a difundir campañas internas para la prevención, atención y difusión de los procedimientos de denuncia sobre el tema.
HOSTIGAMIENTO SEXUAL: RIESGO DE TRABAJO
Mientras el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) presentó un protocolo contra el hostigamiento sexual, que obliga a las mujeres a demostrar que fueron víctimas, y sanciona a los agresores con «advertencias», este tipo de violencia será incluido como un riesgo de trabajo en la contrapropuesta de reforma laboral perredista.
El tema que presentará el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el 15 de abril en la Cámara de Diputados, se incluyó ante la «grave» incidencia del hostigamiento sexual, ya que afecta al 70 por ciento de las 16.9 millones de trabajadoras en México, según la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS).
Es por ello, que la RMS junto con especialistas en justicia laboral realizaron este aporte a la contrapropuesta de reforma laboral del PRD, que representaría un «avance significativo» para las mujeres trabajadoras, informó a Cimacnoticias Rosario Ortiz Magallón, ex legisladora e integrante de la Red, integrada por trabajadoras de diversos sectores.
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