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Hostigan autoridades a defensoras de indígenas en Chihuahua

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Defensoras comunitarias de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, padecen hostigamiento por parte de las autoridades estatales, luego de que intentaran frenar la construcción de un gasoducto y el proyecto turístico “Barrancas del Cobre”.
 
En entrevista vía telefónica, María Teresa Guerrero, titular de Consultoría Técnica Comunitaria (asociación civil que brinda apoyo a ejidos forestales y comunidades de la Sierra Tarahumara), dijo a Cimacnoticias que su organización, integrada principalmente por mujeres, padece acoso por parte de las autoridades locales.
 
Esto porque desde el 19 de septiembre de 2013, durante las movilizaciones contra el proyecto turístico “Barranca del Cobre” en la región (con el que se pretendía, por ejemplo, descargar aguas negras en las comunidades), las activistas fueron notificadas de un día para otro que su organización tendría una auditoría para verificar su estado como asociación civil.
 
Guerrero señaló que esta auditoría –que implicó que funcionarios estatales estuvieran en sus instalaciones– busca “presionarlas, intimidarlas y desgastarlas” para hacerlas desistir de su activismo.
 
Es una forma de hostigamiento, dijo, porque desde 2012 la organización, y principalmente las tres abogadas que litigan los casos de las comunidades indígenas despojadas de sus tierras ancestrales, ganó una sentencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la población de cuatro comunidades afectadas por el proyecto turístico “Barranca del Cobre” (que apoya el gobierno estatal y federal) participe en un consejo consultivo para conocer el proyecto y tomar decisiones.
 
No obstante, dijo Guerrero, hubo muchas irregularidades en la conformación del ese consejo por parte de una notaria, quien no escribió los nombres de las y los participantes indígenas ni llevó la documentación completa; por lo que las comunidades se negaron a firmar el acuerdo y la construcción del gasoducto está detenida.
 
Esto, señaló, molestó al gobierno estatal de César Duarte, por lo que –consideró– son las administraciones local y federal responsables del hostigamiento contra Consultoría Técnica Comunitaria.
 
Las tres auditorías que hasta el momento ha soportado la organización derivaron en una multa de 13 mil pesos por, supuestamente, “no haber entregado el primer día documentación completa”.
 
No obstante, la asociación se niega a pagar la multa y pidió a las autoridades que detengan las auditorías, además de que intervengan  organismos internacionales para que exijan al Estado mexicano medidas de protección para las defensoras. 
 
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