Para combatir la deficiente atención materna en Sudáfrica es necesario que se implementen políticas y estrategias responsables, así como tener una adecuada supervisión y rendición de cuentas en su sistema de salud, informó la organización Human Rights Watch (HRW).
El documento «Terminar con las excusas: La rendición de cuentas para el cuidado de la salud materna en Sudáfrica» se basó en investigaciones realizadas entre agosto de 2010 y abril de 2011
con pacientes del área de atención materna, familias, trabajadores, expertos, funcionarios y organismos internacionales.
Este trabajo recopiló información sobre las fallas en la atención materna por parte de autoridades de salud en la provincia de Cabo Oriental, donde prevalecen el abuso de los trabajadores de salud hacia las pacientes y la atención deficiente a las mujeres y a sus recién nacidos, exponiéndolos a un riego de lesión o muerte.
La provincia de Cabo Oriental tiene los peores indicadores de salud en Sudáfrica, principalmente en altas tasas de mortalidad materna e infantil en la región.
Agnes Odhiambo, investigadora principal sobre los derechos de las mujeres en África para HRW, señaló que «el gobierno admite que la situación es grave y quiere mejorarla, pero las buenas intenciones no son suficientes, es necesario que se implementen fuertes sistemas de responsabilidad para asegurar que las políticas se lleven a cabo».
HRW señaló que es poco probable que Sudáfrica cumpla con su compromiso conforme a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 1990-2015, para reducir la muerte materna en 75 por ciento. Su tasa de mortalidad pasó de 150 por cada 100 mil nacimientos vivos en 1998, a 625 en 2007, y el VIH jugó un papel preponderante en muchas de estos decesos, según informes oficiales.
Por su parte la Organización de Naciones Unidas (ONU) estima que 4 mil 500 sudafricanas mueren anualmente por causas prevenibles y tratables relacionadas con el embarazo y el parto.
La organización entrevistó a varias mujeres que sufrieron abuso físico y verbal por parte de trabajadores de salud pública, tales como pellizcos, bofetadas y tratos bruscos durante el parto. Ellas denunciaron que las enfermeras ignoraban las llamadas de ayuda, las humillaban y si alguna sangraba y ensuciaba el piso, las obligaban a limpiarlo.
Asimismo refirieron que a las que ya habían parido mediante cesárea las daban de alta sin revisarlas y sin medicamentos para el dolor.
Lo mismo pasaba con las mujeres migrantes que sufrían de barreras lingüísticas; ellas afirmaron que los empleados del sector salud hicieron pocos intentos por comunicarse con ellas y las presionaban para someterlas a una cesárea sin su consentimiento, otras más explicaron que les pidieron sobornos o regalos.
Estas prácticas abusivas son una preocupación especial en Sudáfrica, donde casi 87 por ciento de los partos suceden en centros de salud, advirtió Odhiambo.
Las mujeres dijeron que no denuncian por temor a represalias y otras más refirieron que tenían poca confianza en que sus quejas fueran investigadas.
HRW exhortó al gobierno sudafricano y a las autoridades de Cabo Oriental que incrementen sus esfuerzos para identificar las barreras a una atención sanitaria de calidad y utilizar la información para fortalecer su sistema de salud.
Además pidió castigo para los abusos físicos, verbales y de otro tipo que sufren las mujeres en su búsqueda de atención materna, la cual debe ser digna y segura.
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