Inicio Huérfanos y mutilados crecen las y los niños sobrevivientes de Acteal

Huérfanos y mutilados crecen las y los niños sobrevivientes de Acteal

Por Lourdes Godínez Leal

En la orfandad y sin el apoyo del gobierno estatal, las y los menores de edad sobrevivientes de la matanza del 22 de diciembre de 1997 en Acteal, Chiapas, han tenido que «mendigar» los pocos recursos a los gobiernos de Roberto Albores, Pablo Salazar Mendiguchía y ahora Juan Sabines –quien recientemente instaló una fiscalía «especial» para esclarecer el caso–, denunció la abogada feminista Martha Figueroa Mier.

En entrevista telefónica con Cimacnoticias, Figueroa Mier, integrante del «Colectivo Feminista Mercedes Olvera», quien se quedó a cargo de 28 menores de edad que quedaron huérfanos por la masacre, dijo que a 10 años de distancia, los que entonces eran las y los niños del campamento de Acteal se han convertido en jóvenes y adolescentes, que, sin haber sido «resarcidos por el daño» como les «prometió el gobierno» en 1997, han crecido tratando de «curar» sus heridas refugiándose en la religión.

«Lo poco que se ha hecho se le ha ido arrancando a la fuerza al Gobierno en situaciones muy desgastantes. Ha sido horrible. Les dieron escuelita para todos los niños que de alguna manera son sobrevivientes de la masacre, son 72 que están en cuatro grupos: 2 de preescolar y 2 de primaria».

Pero de estos 72 niñas y niños sobrevivientes de la masacre, que se supone, de acuerdo al convenio signado por el Gobierno estatal, se les daría una beca de estudio, únicamente 12 la reciben, los demás no.

LA EDUCACIÓN

Ya desde el gobierno de Roberto Albores había mucha reticencia de dar las becas para las y los niños y actualmente con el gobierno de Juan Sabines las cosas no parecen mejorar, dice la feminista.

Siempre se «alega» la falta de presupuesto» y han dejado a las y los menores sin ninguna protección, sostuvo Figueroa, quien se hizo cargo del caso de las hermanas tzeltales violadas por militares en 1992, entre otros casos de impunidad que ha atendido.

A los pocos sobrevivientes que lograron acceder a una beca, se les quitó cuando pasaron a la secundaria. Y muchas de las becas fueron gestionadas por la misma familia, pero no como sobrevivientes de la masacre.

Pese a la recomendación 01/98 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se establece que será obligación del Gobierno estatal hacerse cargo del tratamiento integral de las y los sobrevivientes, incluyendo acceso al desarrollo social, salud, educación, vivienda, entre otros, ninguna de ellas se ha llevado a cabo.

MALA ATENCIÓN MÉDICA

Con las secuelas traumáticas por haber presenciado cómo asesinaron a sus padres y familiares, las y los niños tampoco tuvieron acceso a tratamientos psicológicos.

«Lo que hicieron fue mandar un psiquiatra que medio los atendió, vio como a 17 ó 20 niños en menos de 2 horas, hizo un informe de dos hojas y no hubo un seguimiento de los casos, por lo que ellos se han ido refugiando a través de la religión».

SIN VIVIENDAS

Parte del Convenio tenía que ver con la entrega de viviendas», lo que se convirtió en otro «problema», dice la abogada Figueroa.

«Cuando ellos regresaron a sus comunidades, como el Ejido de Puebla, porque no querían seguir desplazados ahí en Acteal, el gobernador hizo todo un show, pero les dieron casas con tres láminas mal puestas y en la misma calle de terracería, enfrente de los paramilitares que los habían balaceado».

ZENAIDA, CATALINA, JERÓNIMO Y EFRAÍN

Zenaida, la niña de 9 años que recibió un tiro en la cabeza y como consecuencia perdió parte de la masa encefálica y la vista en uno de sus ojos, quedó a cargo de sus abuelos.

A sus ahora 14 años, Zenaida logró recuperar en un 60 por ciento la visión de su ojo, actualmente asiste a la escuela de Acteal, pero su vida permanece incierta, porque su abuela padece cáncer de pulmón.

Efraín, un niño de 2 años que fue alcanzado por un disparo en la boca, no ha podido recuperarse. «Fue atendido, pero muy mal en Tuxtla Gutiérrez, además del trauma que sufrió porque quedó debajo de su mamá quien se desangró encima de él».

A sus 12 años, refiere Martha Figueroa, Efraín parece de 8 años debido a la desnutrición, ya que no come bien por su problema en la boca que le quedó chueca.

«El necesita varias cirugías, conforme va creciendo requiere por lo menos que se repitan cada dos o tres años», sostiene Figueroa, pero otra vez la familia no tiene los recursos ni el apoyo estatal para continuar con la rehabilitación de Efraín.

Catalina sufrió varios tiros en las piernas, en los brazos, cadera. Ella está yendo desde hace dos años al Centro Nacional de Rehabilitación.

Jerónimo tiene mutilado el brazo, de hecho perdió casi las dos manos, lleva varias operaciones, pero sigue mal y en rehabilitación.

«La mayoría de las y los niños de aquél entonces se casaron, ya tienen hijos, muchos se fueron. De esos 28 niños ya sólo doy seguimiento a 4», relata Figueroa.

¿Y LA JUSTICIA?

En cuanto a la cuestión jurídica, la abogada feminista enfatiza que las sentencias han sido muy malas y repudió que al caso se le quieran dar otros «tintes», a 10 años de ocurrido.

«Ahora resulta que los tienen presos porque son hermanos evangélicos, cuando yo me acuerdo perfectamente, porque a mí me tocó la detención de los 13 primeros que decían: «pero si soy priísta, por qué me detiene» y escucharlos contarse entre ellos cómo habían masacrado a la gente».

«A 10 años no encontramos la justicia, porque el caso sigue impune, porque los autores intelectuales siguen sin ser castigados, las armas siguen en las comunidades y en algunas todavía hay militares y paramilitares como en Los Chorros, como en Yactelum, y en Chenalhó.

Por su parte, Elena Vázquez Pérez, de la organización civil Las Abejas, dice: «Nosotras siempre tenemos mucho miedo con las armas, con los militares que nos paran en las carreteras, para nosotras es muy difícil salirnos para las reuniones. No hay atención médica, no hay medicinas.

«Para nosotros la justicia es que no se repita la masacre, porque fue muy doloroso ese año para nosotros, queremos que se desarmen los paramilitares en las comunidades, pero también que se investigue a los autores intelectuales.

«Para nosotros no funcionan las fiscalías para esclarecer el caso, porque si solicitamos audiencia con ellos no nos toman en cuenta, no hay fechas para dialogar, por eso seguiremos uniéndonos entre nosotros, porque vemos que no se avanza mucho con esa fiscalía».

07/LGL/GG

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