Human Rights Watch obtuvo evidencia que sugiere que soldados hondureños habrían usado fuerza excesiva contra manifestantes que apoyaron al depuesto presidente Manuel Zelaya afuera del aeropuerto de Tegucigalpa el pasado 5 de julio.
En el ataque, al menos un adolescente murió y, según se ha informado, más de 10 personas habrían resultado heridas durante el enfrentamiento entre soldados y manifestantes. Aún no se ha confirmado información según la cual una segunda persona habría fallecido, expresó Human Rights Watch en un comunicado.
La organización internacional de derechos humanos instó al gobierno de facto a que autorice a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ingresar a Honduras, para que efectúe una investigación independiente sobre este incidente y otros supuestos abusos producidos luego del golpe de Estado del 28 de junio.
«La Comisión Interamericana brindaría a la investigación la independencia y la credibilidad necesarias. Como consecuencia del golpe, los funcionarios del gobierno de facto simplemente carecen de estas cualidades», expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Funcionarios hondureños sostuvieron públicamente que el Ejército no era responsable por la muerte del adolescente y los heridos resultantes. Sin embargo, de acuerdo con testigos, así como fotografías y videos tomados durante el enfrentamiento, los soldados habrían disparado con armas de fuego cargadas con municiones contra manifestantes desarmados.
«La evidencia que hemos visto sugiere que los soldados dispararon a manifestantes que no llevaban armas», señaló Vivanco. Dado que hubo una víctima fatal, el gobierno de facto tiene la obligación de asegurar que se lleve a cabo una investigación independiente, en vez de negar toda responsabilidad.
Recordó que el 6 de julio, el canciller del gobierno de facto dijo que no existía «ninguna responsabilidad» por parte de las fuerzas de seguridad, y expresó que las dos supuestas muertes fueron causadas por disparos de los manifestantes. El comisionado nacional de los Derechos Humanos sostuvo que el Ejército sólo había utilizado balas de goma para dispersar a la multitud.
Para Human Rights Watch, estas declaraciones son incompatibles con la evidencia que ha revisado. Dos periodistas extranjeros (un fotógrafo y un camarógrafo) informaron a dicha organización que no vieron armas entre los manifestantes cuando se inició el enfrentamiento.
Los testigos precisaron que el sonido de los disparos provino exclusivamente del lado de los soldados. Fotos y videos tomados en la escena de los hechos respaldan sus relatos. Las imágenes muestran a las y los manifestantes corriendo y arrojándose detrás de paredes y de otros objetos. En el video, también se ve el cuerpo de la víctima cuya muerte se ha confirmado, el adolescente Isi Obed Murillo.
Human Rights Watch señaló que la evidencia visual sugiere que al menos algunos soldados usaron municiones y no balas de goma. Incluso si el Ejército sólo hubiera usado balas de goma, éstas pueden ser mortales. Por ello, los estándares internacionales exigen que sólo se usen en casos de defensa propia o para defender a otros contra amenazas inminentes de muerte o de sufrir heridas graves.
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