Un día después de la aprobación de las reformas al Código Penal del Distrito Federal y a la Ley de Salud, para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, en abril del 2007, la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, comenzó una estrategia en contra de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
La estrategia, que tiene como fin cancelar en el ámbito federal la ILE, tuvo como una de sus principales acciones una demanda de inconstitucionalidad contra la modificación a la Ley de Salud del Distrito Federal y al Código Penal, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República. El argumento: las modificaciones a la Ley de Salud y al Código Penal violaban el derecho a la vida de todos los seres humanos, establecido en el Artículo Primero Constitucional.
Por su parte, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), defendía que el Artículo Primero Constitucional se refiere a la persona, y establece todas las garantías individuales para ésta, pero para ser considerado persona se necesita tener personalidad jurídica, por lo que un cigoto o embrión carece de todos los atributos como para atribuirle derechos, domicilio, estado civil, patrimonio y nacionalidad.
Por su parte, el PAN lanzó un spot televisivo en donde mostraba a un individuo con una toga como las que utilizan los jueces, de pie frente a una mujer, y diciendo «debido a interferir en los planes futuros, tanto personales como profesionales de la señorita, el acusado es declarado culpable y la sentencia es la pena de aborto».
Ante esto, la SCJN manifestó su inconformidad ante la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Federal Electoral (IFE), argumentando que este spot era lesivo para la imagen de los impartidotes de justicia y distorsionaba la realidad.
Las demandas emitidas por la CNDH y la PGR fueron admitidas por el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, el 29 de mayo del 2007, sin embargo estas acciones no fueron analizadas hasta el primer trimestre del 2008, lo que permitió a los 11 ministros el obtener información suficiente acerca del aborto, tanto en materia legislativa como en materia de salud.
Así, entre abril y junio del mismo año, en el Máximo Tribunal de Justicia se llevaron a cabo seis audiencias públicas, tres a favor y tres en contra, que fueron transmitidas por el canal de la Suprema Corte, y en su página de Internet.
Durante las audiencias, la CNDH, la PGR, la ALDF, y Organizaciones de la Sociedad Civil, tanto a favor como en contra, presentaron sus argumentos ante los 11 ministros.
Después de amplias discusiones, el 27 de agosto del año pasado 8 ministros de la SCJN, determinaron que las reformas realizadas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal, que permiten la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas eran constitucionales, siendo éste un hecho histórico para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En la actualidad, 11 estados de la República Mexicana han modificado sus Constituciones para brindar de personalidad jurídica al embrión, una posición contraria a lo que ya se había determinado por la SCJN.
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