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ILE, un derecho para las mujeres más pobres: NYT

Cuando el Gobierno de la Ciudad de México realizó el año pasado reformas legales que permiten la interrupción legal del embarazo en las primeras doce semanas de gestación, ese derecho quedó establecido para cualquier mujer que lo requiriera, incluyendo a las más pobres, quienes por años recurrieron a clínicas ilegales y comadronas, arriesgando su vida, en contraste con mujeres de “economía saludable”, quienes visitaban médicos privados para terminar sin problemas con embarazos no deseados.

El influyente diario New York Times informa lo anterior en su edición de hoy y señala que este derecho igualitario de todas las mujeres a ejercer sus derechos se volvió complicado al convertirse en ley.

En este país católico, donde la religión impone severa restricción al aborto, donde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) votó y aprobó las modificaciones a la Ley de Salud y al Código Penal en abril de 2007, el 85 por ciento de ginecólogos en los hospitales públicos se han declarado en objetores de conciencia.

Las mujeres que acuden a los hospitales para ejercer su derecho a beneficiarse de la ley se quejan de que incluso en esos hospitales donde se realizan las intervenciones el personal médico es con frecuencia hostil, degradándolas y colocando barreras burocráticas muy fuertes.

“Tenemos que resolver cómo ofrecer el servicio rápido”, dijo el secretario de Salud de la ciudad, Armando Ahued al New York Times. “Hemos ido aprendiendo cómo ir haciéndolo sobre la marcha”. Ahora, incluso con el gobierno de la izquierda, cuando moderniza los servicios de interrupción del embarazo, la ley confronta su mayor desafío en la Corte.

Hoy, la Suprema Corte inicia deliberaciones públicas en respuesta al desafío legal (controversia constitucional) iniciado el año pasado por el conservador Gobierno federal y sostenido por grupos anti-aborto. La decisión de la Corte puede darse antes de finalizar esta semana.

Ante las presiones y pasiones del debate, la Suprema Corte escuchó a 40 oradoras y oradores a favor y a 40 oradores en contra, en audiencias públicas que empezaron en abril.

La anulación a la legislación que permite la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México requiere de ocho de 11 magistrados que deberán de votar en contra.

Pero es improbable que el debate termine con la decisión de la Corte. Grupos anti-aborto ya han dicho que impulsarán un referéndum si la Corte “va contra ellos”, argumentando que es el mejor camino para decidir sobre el tema. “Es un debate sobre lo incuestionable, lo absoluto”, dijo Armando Martínez, presidente del Colegio de Abogados Católicos de México.

En el resto del país, los gobiernos locales permiten el aborto sólo bajo limitadas circunstancias, como violación e incesto, y Human Rights Watch reporta que en ese tipo de casos es casi imposible obtener el permiso legal.

CUESTIÓN DE CLASE

La Ciudad de México ha ignorado la batalla filosófica, promoviendo e impulsando planes que los organismos oficiales de la entidad dicen que los ayudarán a mantener el espíritu de la ley.

“Para gente con dinero esto no es un problema”, dice el doctor Ahued, pero para el caso de las mujeres pobres se pone en peligro su vida. “La gente sin recursos, ¿qué puede hacer? Ellas van a clínicas clandestinas”.

Después de que algunos médicos se negaron a realizar la interrupción legal del embarazo, el Gobierno de la ciudad contrató a cuatro nuevos doctores para ayudar en los 14 hospitales donde las mujeres acuden. Y ahora son 35 los que ofrecen la atención.

También se ha entrenado a médicos en el uso de la píldora abortiva, porque la ciudad determinó que el servicio debería ser más rápido y suficiente.

No hay una certeza, dice el New York Times, de cuántas mujeres decidieron no interrumpir el embarazo en los hospitales públicos, porque les toma mucho tiempo obtener la cita y porque tienen que esperar mucho para el ultrasonido.

Desde que en abril de 2007 la interrupción del embarazo en las primeras doce semanas es legal, las y los médicos han realizado cerca de 12 mil 500 intervenciones, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Pero hay mujeres que han tratado otros métodos.

Alejandra, de 24 años de edad, que trabaja para el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, dijo al rotativo que fue a solicitar un aborto, el año pasado, pero la trabajadora social le dijo que ella tenía que pagar por el ultrasonido, que se supone es gratis, y que requerían que fuera acompañada por un familiar.

Espantada, se fue del hospital, pero terminó por tomar píldoras para inducirse el aborto, sin ver a ningún médico, y desarrolló una seria infección.

Alejandra dijo al rotativo neoyorquino que sólo utilizara su nombre, sin apellido, porque recientemente recibió amenazas de muerte por haber hablado en un evento de la ciudad donde se celebró la existencia de la nueva ley.

Otra mujer de 27 años de edad, maestra de literatura en preparatoria, que habló también bajo el anonimato, dijo que su amiga le dijo que en los hospitales públicos les dan un trato de prostitutas. Ella también tomó pastillas abortivas, pero no fueron efectivas, requirió ver a un doctor para completar la interrupción.

Para una mayor rapidez en el tratamiento a las mujeres que lo requieran, funcionarios se mueven para proporcionar el servicio con menor riesgo, a través de tres clínicas públicas pequeñas, bajo el modelo británico y estadounidense, que atienden a menor cantidad de mujeres.

Una mujer de 27 años de edad, casada con dos hijos, acudió a la clínica a abortar y no vio contradicción entre religión y aborto. “Soy católica pero ahora la ley pasó”, dijo, y entró a la clínica para hacer su cita.

Pero afuera de la clínica se apersonan activistas “anti-aborto”. Brenda Vélez y dos asistentes llegan todos los días a la clínica a las 11 de la mañana a decir el rosario y dar panfletos. Se trata de una inusual y pública batalla sobre el aborto, que se da en las calles y en las noticias, pero los dos bandos están confinados a argumentar en la Corte.

Aun y con la poderosa Iglesia católica, que amenazó con la excomunión a legisladoras y legisladores el año pasado si aprobaban la ley, las y los diputados se mantiene en su discurso (al final, la iglesia no castigó a nadie por su voto).

PARTE MÉDICO

Son las y los doctores quienes se mantienen en el frente cuando deciden de qué lado están. Una ginecóloga, nueva madre, dijo que ella lo objetaba porque se sentía incómoda al interrumpir la vida. Algunas mujeres, dijo, “son irresponsables porque hay contraceptivos”.

Pero quienes realizan los abortos dicen que no fue fácil. La doctora Laura García es una de 13 ginecólogas que aceptó practicar la interrupción legal del embarazo desde el año pasado. Ella realiza de siete a ocho intervenciones diarias. Ha recibido insultos de algunos colegas y detenciones en las calles por parte de quienes se oponen a la ley.

Sin embargo, ella afirma al NYT: “Contribuyo al rescate de los derechos de las mujeres. En México, las mujeres siempre han estado marginadas”. Y agrega: “Soy católica, pero tengo convicciones. No pienso que iré al infierno por esto. Y si voy, será por otras cosas”.

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