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Impiden vacíos legales justicia a víctimas de tráfico de personas

Por la Redacción

La trata de personas es un tema aún desconocido en España que hoy en día se confunde con otros problemas sociales como la prostitución, pues aún cuando hay una ley que reglamenta la protección a las víctimas de este delito, los vacíos legales hacen difícil su aplicación.

Proyecto Esperanza, una organización especializada en asistir a las víctimas de la trata de personas, recolectó algunos testimonios en los que, por motivos de seguridad, los nombre de las protagonistas fueron cambiados, difunde Canal Solidario.

A Zulai le ofrecieron en su país la posibilidad de trabajar en España como interna en la casa de un matrimonio de su misma nacionalidad. Según le explicaron, sus labores consistían en realizar las tareas de limpieza, preparar la comida y cuidar del hijo de la pareja. La persona que le propuso el trabajo correría con los gastos del viaje y ella le devolvería la deuda con lo que ganara mensualmente.

Cuando llegó a España las condiciones cambiaron radicalmente. Fue obligada a trabajar vendiendo artesanías en la calle en una jornada laboral de 16 horas diarias como mínimo; sólo tenía derecho a una comida caliente al día. Dormía en el suelo de la habitación que compartía con un matrimonio y su hijo. Cuando estuvo enferma le negaron la posibilidad de acceder a servicios médicos.

Después de la primera semana, Zulai reclamó sus derechos y le expresó al matrimonio para el que trabajaba que deseaba volver a su país porque el trabajo no era el que le habían ofrecido. En ese momento le retiraron su pasaporte y la amenazaron con denunciarla a las autoridades españolas por encontrarse en una situación ilegal, además de iniciar acciones legales en su contra por el impago de la deuda que había adquirido a través de una letra de cambio.

Durante seis meses vivió en esta situación de esclavitud hasta que un compatriota que conoció vendiendo en la calle, la convenció de que la policía española no la expulsaría si denunciaba su explotación.

Zulia interpuso una denuncia ante la Policía Nacional y a pesar de que colaboró con las autoridades en todo lo que le fue requerido, no se pudo acoger al artículo 59 de la Ley de Extranjería –que reglamente el derecho a regularse a las víctimas de la trata de personas que colaboren con las autoridades- porque no se considera que su denuncia haya contribuido a la desarticulación de una red de traficantes de personas.

A Eva la obligaron a prostituirse

Otro caso es el de Eva. Ella salió de su país con la promesa de una prima de encontrar trabajo seguro de España como camarera. La ilusión se derrumbó a los pocos días. Con el pasaporte en manos de sus captores y bajo amenazas de hacerle daño a ella y a su familia, se vio obligada a ejercer la prostitución en clubes nocturnos.

Semanas después reunió el valor necesario para escapar del club e interponer una denuncia ante la Guardia Civil, misma que ratificó posteriormente ante el juzgado competente. Sin embargo, su pasaporte no pudo ser recuperado.

Gracias a las gestiones de Proyecto Esperanza y de la Comisaría General de Extranjería y Documentación, pudo obtener un pasaporte nuevo y tramitar el permiso de residencia al que tenía derecho, pues su denuncia permitió la desarticulación de una red de tráfico de personas.

Un año y dos meses después de entablar la denuncia, Eva obtuvo su permiso de residencia y trabajo en España.

Natalia, otra víctima del proxenitismo

Natalia denunció a la red que la había obligado a ejercer la prostitución en Casa de Campo, Madrid. El proxeneta que la controlaba le exigía que trabajara doce horas diarias, empero si no conseguía la cantidad de dinero solicitado era sometida a palizas y vejaciones, incluso fue agredida sexualmente en varias ocasiones.

Gracias a su colaboración con la policía, Natalia fue declarada testigo protegido. Sus datos personales no figuraban en la denuncia y se remitieron al juzgado en un sobre a parte, junto con la solicitud para que se confirmara su estatus de testigo protegido. Sin embargo, el juzgado no declaró la protección de la testigo, ni identificó cuáles medidas se debían tomar en este caso.

Dos años y medio después de denunciar, Natalia fue citada a declarar en el juicio oral y poco minutos antes fue informada de que en la sala estaría cara a cara con los que fueran sus proxenetas y aún cuando fuera colocado un biombo que impidiera el contacto visual con éstos, los abogados defensores alegaron que la condición de testigo protegido no había sido acordada formalmente por el juez.

Natalia sufrió una crisis nerviosa y tuvo que ser trasladada a la consulta del médico forense, que emitió un informe en el que hacía constar que la testigo no se encontraba en disposición psicológica de prestar su testimonio cara a cara con los acusados. Finalmente, Natalia pudo declarar detrás de un biombo.

2004/GV/SM

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