La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pugnará porque se reforme el Código Federal de Procedimientos Penales, con el fin de que las mujeres reclusas en situación de embarazo purguen su pena bajo arraigo domiciliario.
José Luis Soberanes Fernández, presidente de la CNDH informó este jueves que también se impulsará que la población penitenciaria de los casi 500 reclusorios del país compurgue sus penas de manera productiva, bajo una filosofía de la readaptación por medio del trabajo.
Lo anterior lo manifestó durante la firma del Convenio General de Colaboración en Materia de Capacitación, Formación, Divulgación y Atención de Quejas entre la CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Querétaro.
De acuerdo con un informe de la CNDH, se estima que en la República Mexicana existen alrededor de ocho mil 65 mujeres recluidas y sólo 10 de los casi 500 centros penitenciarios que hay en el país son especiales para mujeres. El resto de las reclusas son concentradas en anexos de 220 centros varoniles.
La Comisión reconoció que México está lejos de que se respeten los derechos humanos de toda la población, situación que se agrava en el caso de las madres y sus hijos presos.
Ante ello, Soberanes Fernández calificó como una gran injusticia que una mujer embarazada tenga a sus hijas e hijos dentro de la cárcel, donde existe la insalubridad, la falta de servicios médicos y poca atención a las y los menores que viven con sus madres presas.
El ombudsman inauguró hoy las nuevas oficinas de la Comisión Estatal de Querétaro y testificó en compañía del gobernador del estado, Francisco Garrido Patrón, la entrega de nombramientos y toma de protesta de los nuevos miembros del Consejo Consultivo de esa institución local.
Esto es, Sergio Quesada, Agustín Alcocer y el presbítero Filiberto Cruz Reyes. En ese marcó, se firmó el Convenio General de Colaboración en Materia de Capacitación, Formación, Divulgación y Atención de Quejas, entre ambas comisiones.
2004/JG/GV/SM
