Una iniciativa para reformar el Nuevo Código Penal y la Ley de Salud del Distrito Federal fue presentada hoy en el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), por la diputada Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de Equidad y Género.
Para Contreras resulta inadmisible que la conducta de las mujeres a quienes la legislación penal les permite la interrupción del embarazo, al igual que la conducta del personal médico que les preste los servicios requeridos para ello, puedan ser consideradas como delictivas.
En ese contexto, la integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que la presente iniciativa tiene la intención de garantizar una adecuada protección a la vida, salud e integridad corporal de las mujeres capitalinas, que le asegure el pleno goce de sus derechos.
Es por ello, señaló, que la propuesta incluye reformas a los artículos 145 y 148 del Nuevo Código Penal del Distrito Federal y adiciones a los artículos 16 Bis 6 y 16 Bis 7 a la Ley de Salud del Distrito Federal.
La legisladora explicó que modificar el párrafo segundo del artículo 145 de dicho código, es con la finalidad de incrementar las sanciones previstas para quien hiciere abortar a una mujer sin su consentimiento.
El artículo en cuestión quedaría de la siguiente manera: «Cuando falte el consentimiento la prisión será de cinco a ocho años. Si mediare violencia física o moral se impondrá de ocho a diez años de prisión».
En tanto que, el artículo 16 Bis 6 de la Ley de Salud del DF, la redacción sería: «Las instituciones públicas de salud del gobierno del Distrito Federal, gratuitamente y en condiciones de calidad, deberán proceder a la interrupción del embarazo en los supuestos permitidos por el Nuevo Código Penal del DF, cuando la mujer interesada así lo solicite».
Dijo que la iniciativa esta destinada a garantizar los derechos reproductivos de las mujeres de la ciudad de México, si bien son titulares de derechos fundamentales que sustentan la constitucionalidad de las diversas causas excluyentes de responsabilidad penal tratándose del aborto.
Sin embargo, concluyó la legisladora, en la práctica las mujeres se enfrentan a barreras que les impiden tener un acceso efectivo a la prestación de servicios de salud que se requieren para que la interrupción del embarazo se realice en condiciones adecuadas.
2003/RGL/MEL
