El Consejo Directivo Central (Codicén) de la Administración Nacional de Educación Pública de este país se propone que la educación sexual llegue por fin para quedarse; para ello, elaborará un plan que se aplicaría a partir de 2007 en todos los niveles del sistema educativo público y creará una comisión asesora amplia y plural.
En abril pasado, profesionales de diversas disciplinas constituyeron un grupo de trabajo con el objetivo de apoyar técnicamente a las autoridades responsables de elaborar una política pública consistente que, según encuestas de opinión pública, contaría con el 90 por ciento de apoyo. Un documento presentado el 6 de octubre en el Palacio Legislativo se inscribe en esa línea.
«Dado que la sexualidad es un aspecto inherente al ser humano, a su cotidianidad, a las diferentes etapas y ámbitos que transita a lo largo de toda la vida, a sus formas de vincularse, de hacer, sentir y pensar, y que existe en todas y todos sin exclusión de ningún orden, la convierten en una dimensión que requiere ser legitimada y valorada en el ámbito público, rompiendo la dicotomía público-privado».
Así comienza el documento elaborado por el grupo interdisciplinario de trabajo en educación sexual que integran Yannine Benítez Villar, Gastón Boero, Stella Cerrutti, Andrés Flores Colombino, Teresa Herrera, Darío Ibarra, Juan José Meré, Sergio Meresman y Mara Saráchaga.
«Educación sexual se denomina al proceso educativo continuo vinculado profundamente a la formación integral de niños y jóvenes que les aporte información científica y elementos de esclarecimiento y reflexión para incorporar la sexualidad de forma plena, enriquecedora, responsable y saludable en los distintos momentos y situaciones de la vida», definen las y los profesionales.
Para ellas y ellos, la sexualidad humana es un derecho humano fundamental, universal e indivisible, e incluye los aspectos afectivo, procreativo, placentero, ético, comunicacional y creativo.
En este marco conceptual, la educación sexual contribuye a mejorar la calidad de vida, promoviendo la salud integral; permite «formar ciudadanos autónomos con capacidad de optar, reconoce la libertad de la persona y contribuye a liberarla de prejuicios, mitos y errores que inevitablemente se asumen como consecuencia de la socialización y la educación formal».
COSTOS DE LA OMISION ESTATAL
La omisión del Estado en la instrumentación educativa no es neutra, afirman las y los especialistas, ya que «promueve y sostiene un orden preestablecido». También tiene altos costos que se miden en el crecimiento de la epidemia de VIH-Sida e infecciones de transmisión sexual: en los últimos cinco años su prevalencia pasó del 0.23 por ciento al 0.43 por ciento, afectando sobre todo a jóvenes de entre 15 y 34 años.
Otro indicador es el incremento del embarazo adolescente discriminado según nivel socioeconómico: un cuarto de los partos atendidos en el Hospital Pereira Rossell corresponden a adolescentes de entre 12 y 19 años, mientras que en la asistencia privada el porcentaje oscila entre un 4 y un 5 por ciento; asimismo, la iniciación sexual es cada vez más temprana (de 14 a l7 años en promedio) y desinformada, con bajos niveles de anticoncepción y altos índices de disfunciones sexuales.
La sexualidad ha constituido uno de los escenarios privilegiados de dominación hacia las mujeres y sus cuerpos desde el sistema patriarcal, otorgándoles un papel ligado a mitos como la mujer-madre, el placer ligado a la reproducción, la pasividad sexual, la dependencia inherente a la feminidad y la necesidad de protección masculina.
«Estos paradigmas sostienen modelos de dominación, antidemocráticos sobre los que se configuran las identidades sociales y de género en condiciones propicias para su naturalización y legitimación, y para la invisibilidad de la violencia simbólica que se ejerce sobre las y los actores sociales», advierte el documento.
En Uruguay muere una mujer por violencia doméstica cada nueve días; esta violencia también está presente en un tercio de los hogares de Montevideo y Canelones. Asimismo, en una de cada diez casas las mujeres están sometidas a violencia sexual, según un estudio realizado por Teresa Herrera y Asociados.
De la investigación también se desprende que 8 por ciento de las encuestadas fue abusada sexualmente de niña, y que en los hogares constituidos por jóvenes de entre 15 y 21 años la prevalencia de la violencia doméstica triplica la que existe en los hogares formados por personas de mayor edad. Estos costos no son ajenos a la ausencia de educación sexual.
PROPUESTAS DESDE LA EXPERIENCIA
El diseño de una política pública en la materia no partiría de cero: hay una rica experiencia acumulada en el desarrollo de programas y acciones. Así, en escuelas, liceos, establecimientos de formación docente la educación sexual debería asociarse con el proceso de transformación educativa. En la Universidad de la República puede avanzarse incorporando los estudios sobre sexualidad, género, derechos sexuales y reproductivos en el currículo de la formación de grado.
Paralelamente, habría que impulsar estrategias de educación informal y no formal orientadas a las poblaciones excluidas del sistema educativo formal, sin olvidar a niños y niñas con necesidades especiales. Desde una perspectiva cultural amplia, se proponen campañas educativas masivas a través de los medios de comunicación que promuevan el ejercicio pleno y responsable de la sexualidad y de los derechos sexuales y reproductivos.
05/IV/YT
