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Impune, 70 por ciento de casos de trata

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa
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En México persiste un alto nivel de impunidad, simulación al interior de los estados, carencias legislativas y ausencia de centros especializados de atención a víctimas de trata de personas, lo que impide terminar con este delito, dijo Teresa Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe.
 
En entrevista a propósito del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemoró por primera vez este 30 de julio, Ulloa dijo que México tiene grandes deudas en el combate a este flagelo.
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, con datos de la Procuraduría General de la República, refirió que de 2009 a 2013 en México hubo más de 7 mil víctimas de trata de personas –de las que 83 por ciento son mujeres–, pero sólo se dictaron dos sentencias condenatorias a nivel federal y 123 en los estados.
 
Ante esta situación Ulloa detalló que no se está cumpliendo con las medidas que se plantearon en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de este Delito, ya que no se han creado fiscalías especializadas en cada estado, ni se están realizando capacitaciones a ministerios públicos (MP), jueces y funcionarios encargados de realizar las investigaciones.
 
Además, en el procedimiento actual, cuando se presenta alguna denuncia por desaparición bajo sospecha de trata de personas se impide la pronta localización, ya que el MP primero realiza trámites burocráticos y luego procede a la búsqueda. “No las buscan vivas, sino muertas”, advirtió la experta.
 
Para combatir esta problemática que pone en riesgo la vida de miles de mexicanas y de otros países, pero que son explotadas aquí, se requiere una intervención integral que garantice la interlocución entre el sistema de justicia y el de salud, para que los protocolos de protección y asistencia se lleven a cabo.
 
Esta estrategia, enfatizó Ulloa, debe integrar medidas de prevención, protección y asistencia, “procesos de reconstrucción” (persecución y detención del tratante), y participación de la sociedad en su conjunto.
 
No obstante, ninguno de estos elementos están cubiertos en México a cabalidad, dijo la activista, ya que en el tema de prevención no existen “polos de desarrollo” en estados donde la problemática es mayor (como Tlaxcala y Puebla).
 
En el caso de la protección y asistencia, tampoco hay suficientes alberges para las mujeres rescatadas y que no tienen dónde ir; además, en las instituciones de salud aún no tienen claro que los servicios sanitarios deben ser gratuitos para las víctimas.
 
Del mismo modo, en el caso de los “procesos de reconstrucción” no existen mecanismos de persecución efectivos, lo que deriva en que prevalezca 70 por ciento de impunidad en el país.
 
A esto se suma que los datos sobre el número de víctimas y de delincuentes no son confiables porque no hay sistemas que los contabilicen, las evaluaciones sobre el servicio no son pertinentes, y las víctimas extranjeras son repatriadas antes de que presenten la denuncia.
 
Teresa Ulloa criticó también que no se han impulsado programas que impulsen el involucramiento de todos los actores sociales desde la sensibilización, ya que, por ejemplo, las empresas nacionales no han querido poner la imagen de las personas desaparecidas en las portadas de sus productos.
 
Además, las normas y programas actuales en la materia carecen de perspectiva de género, lo que sesga los procesos de investigación, acusó.
 
Insistió en la urgencia de otra reforma legislativa, pero señaló que la propuesta que hizo el Senado en octubre de 2013 –la cual está en la “congeladora”– es “incorrecta”, puesto que sí se deben modificar los delitos para que los delincuentes no sean sentenciados con la pena mínima, pero no se deben reducir derechos a las víctimas ni quitar fondos económicos a los programas.  
 
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