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Impunes, 80 por ciento de casos de violencia de género en BC

Por Anaiz Zamora Márquez
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El gobierno del estado de Baja California (BC) recibió 14 recomendaciones para detener la violencia contra las mujeres en la entidad, misma que en los últimos años se agudizó debido a un aumento de la violencia social, la migración y los “persistentes discursos conservadores”.

BC se convierte en la quinta entidad del país en recibir recomendaciones por parte de un Grupo de Trabajo –conformado por personas de la academia y representantes de gobierno–, las cuales –de ser aceptadas por la administración estatal– deben cumplirse a más tardar en seis meses, para que no se decrete la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado.

El gobierno de BC tiene 15 días hábiles para decidir si acepta o no las recomendaciones. En caso negativo, la AVG se declararía de manera inmediata. 

En enero pasado, la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos presentó una solicitud de AVG para BC en la que indicó que entre 2011 y 2013 se cometieron 225 homicidios de mujeres, quienes fueron apuñaladas, decapitadas, incineradas o cuyos cuerpos aparecieron en los canales de la periferia de las ciudades, entre otras múltiples agresiones por motivos de género.

Este fin de semana en los portales web del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) –de la Secretaría de Gobernación (Segob)– se publicó el “Informe del Grupo de Trabajo confirmado para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género en el estado de Baja California”, documento del que emanan las 14 observaciones.

Tras realizar su estudio, el Grupo de Trabajo identificó que la entidad enfrenta un “escenario de enormes carencias y de un tejido social endeble”, donde existe un incremento de la violencia social que se suma a “los cambios socioculturales asociados a los procesos de transculturación, desarraigo del territorio de origen y débil apropiación de territorio local”.
 
A consideración del grupo, otro rasgo que distingue a la entidad son los “discursos conservadores” hacia las familias y las mujeres “que han generado fuertes presiones y enormes dificultades para el avance de la igualdad de género”.

De la información estadística proporcionada por el gobierno de BC se desprende que entre 2008 y 2015 se han investigado 677 homicidios de mujeres, de los cuales sólo se han consignado 152, es decir el 22.45 por ciento.

En relación con otro tipo de delitos cometidos en contra de niñas, adolescentes y mujeres en ese periodo, se iniciaron 5 mil 594 investigaciones por violaciones sexuales, de las cuales se consignaron mil 460; esta baja incidencia en la consignación también se identifica en otros delitos reportados.

De esta forma, el grupo observó que en un periodo de más de siete años en más del 80 por ciento de los casos no se ha formulado imputación alguna, “lo que podría indicar que las investigaciones llevadas a cabo no han sido realizadas con la debida diligencia y de manera exhaustiva, lo que sin duda propicia la impunidad”.

Asimismo BC no reportó ninguna pesquisa por el delito de feminicidio. Y en respuesta a la interrogante del Grupo de Trabajo sobre la aparición de cuerpos de mujeres en lugares públicos en la ciudad fronteriza de Tijuana y en Mexicali, capital del estado, el gobierno local sólo informó de cinco casos, en los que sólo un responsable ha sido identificado, pero ninguno es considerado como feminicidio, a lo que se suma que no cuenta con información sobre desapariciones.

Como primera recomendación, el Grupo de Trabajo mandata la aprobación de una reforma a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para crear el Banco Estatal de Datos sobre casos de violencia de género y determinar la autoridad responsable de su manejo.

Como segunda observación se debe elaborar, publicar y difundir, en medios oficiales y de otra índole, el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que actualmente es inexistente.

Debido a que BC no cuenta con una Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ésta debe ser creada y aprobada en el Congreso a la brevedad, en concordancia con los parámetros normativos previstos en la ley federal en la materia, promulgada en 2006.

Se debe además dotar al Instituto de la Mujer Bajacaliforniana de la estructura que requiere para el desarrollo de sus actividades: presupuesto y recursos humanos, materiales e institucionales para hacer una tarea eficiente.

La quinta recomendación mandata crear Agencias especializadas en los delitos de feminicidio y desaparición de mujeres, así como tener Agencias especializadas separadas que investiguen los delitos contra la libertad y seguridad sexual de las personas, y la violencia familiar. Y diseñar mecanismos de articulación entre las distintas Agencias Ministeriales que atienden a víctimas de violencia.
 
Como sexta propuesta se establece la necesidad de que el estado garantice la protección de las mujeres víctimas de violencia y sus familias, mediante la instalación de albergues o refugios a su cargo, junto con la creación del marco jurídico que regule su funcionamiento, e incluya mecanismos de apoyo y evaluación de sus actividades.

Elaborar, publicar y difundir los protocolos especializados en la investigación de delitos contra la libertad y seguridad sexual de las personas, del delito de feminicidio y de la desaparición de mujeres, constituyen la séptima recomendación.

También se debe capacitar en materia de órdenes de protección al personal encargado de su emisión e implementación, en todos los órdenes de gobierno.
 
Igualmente, se debe institucionalizar y difundir el Modelo de Atención a la Violencia Contra las Mujeres; y realizar programas de capacitación en la aplicación de la NOM-046 sobre violencia sexual, en materia de Derechos Humanos (DH) y derechos de las usuarias, con un enfoque de género e interculturalidad, y dirigido al personal sanitario de urgencias y gineco-obstetricia.

Al identificar que comúnmente las y los policías encargados de investigar los delitos contra las mujeres incurren en omisiones graves y prácticas discriminatorias, se pidió capacitación permanente para el personal operativo de la Policía Municipal y Estatal en materia de DH, perspectiva de género e interculturalidad.
 
Se pide impartir capacitaciones especializadas en materia de DH y derechos de las mujeres, con un enfoque de género e  interculturalidad, dirigidas a todas las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia en BC.
 
Asimismo se deben generar campañas permanentes con el propósito de visibilizar e identificar los tipos y modalidades de violencia, y crear programas de reeducación a hombres generadores de distintos tipos y modalidades de violencia.
 
Estas recomendaciones fueron difundidas cuando todavía se desconoce si se activará o no la AVG en los estados de Guanajuato y Morelos, donde ya se realizaron investigaciones sobre violencia feminicida, se emitieron las recomendaciones respectivas, y se vencieron los plazos de cumplimiento por parte de las autoridades locales.
 
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