Impunes, violaciones sexuales cometidas por el Estado

La violación sexual –utilizada como instrumento de tortura por parte de fuerzas del Estado– es uno de los crímenes de lesa humanidad que más denigran y degradan el tejido social, pues deja secuelas no sólo a las víctimas, sino también a sus familias y seres queridos, dijeron defensoras de los Derechos Humanos (DH).
 
En medio de los conflictos armados y en las dictaduras que se han vivido en países de América Latina, la violación sexual a mujeres y niñas es una de las formas utilizadas para intimidar o torturar a la población, las cuales deben ser investigadas y correctamente sancionadas, resaltaron.
 
En ello coincidieron Yassmín Barrios, jueza del Tribunal A de Mayor Riesgo de Guatemala, quien enjuició y sentenció al ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt; Daiana Fusca, colaboradora del Centro de Estudios Legales y Sociales en Argentina (CELS), y Florencia Ruiz, investigadora de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
 
Entrevistadas durante el Foro Nacional sobre Delitos del Pasado, realizado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, las expertas apuntaron que en México, Argentina y Guatemala se cometieron violaciones sexuales en forma sistemática con el objetivo de aniquilar y degradar la subjetividad de las personas, por lo que corresponden a crímenes de lesa humanidad.
 
Esa característica los “vuelve imprescriptibles”, es decir, no existe un límite de tiempo para que los delitos sean investigados y sancionados.
 
Cabe recordar que las tres naciones, además de ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, han ratificado el Estatuto de Roma –perteneciente a la Corte Penal Internacional–, que en su artículo 7 enlista los crímenes de lesa humanidad entre los que se encuentran la “violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable”.
 
Yassmín Barrios, quien dictó el pasado 10 de mayo la sentencia histórica de 80 años de prisión contra el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, dio a conocer que una de las pruebas materiales con las que se contó dentro del juicio fue la declaración de las indígenas ixiles sobrevivientes de violaciones sexuales.
 
“Estas mujeres en un acto de valentía acudieron a dar su testimonio”, y además de escuchar sus crueles historias –dijo– se presentaron peritajes que dieron cuenta tanto de las agresiones como del “estrés postraumático de tipo generacional que hasta ahora padecen estas mujeres, y las repercusiones para su salud mental”.
 
Por su parte, Daiana Fusca resaltó que uno de los desafíos que se vive en Argentina dentro del proceso de reconciliación, verdad y justicia (por el cual se ha logrado condenar a 405 personas) es el esclarecimiento de los casos de violación sexual que se cometieron durante las dictaduras militares y los periodos de represión.
 
Dio a conocer que dentro de la “Causa ESMA” –serie de juicios por delitos de lesa humanidad, entre los que se investigan los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención Escuela Mecánica de la Armada–, uno de los procesos orales en curso se refiere a las violaciones sexuales contra mujeres durante las detenciones arbitrarias.   
 
Florencia Ruiz afirmó que en México también se cometieron este tipo de agresiones como forma de tortura durante la década de los 70 y 80, y que se han dado a conocer, pues “tenemos casos perfectamente documentados en el informe que elaboró la Femospp”.
 
Explicó que en ese informe, divulgado de manera parcial en 2007 por el gobierno federal, están las declaraciones de mujeres que fueron agredidas sexualmente, pues con “cualquier excusa, durante el periodo analizado, soldados asignados en zonas rurales, tomaron a mujeres como detenidas o como rehenes, y abusaron de ellas mientras los hombres de la casa eran torturados o mantenidos bajo vigilancia de otros”, de acuerdo con el documento.
 
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